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Europa acuerda la primera normativa para evitar el “lavado verde”
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Europa acuerda la primera normativa para evitar el “lavado verde”

Este miércoles, la Unión Europea alcanzó un acuerdo para configurar el primer cuerpo normativo para regular las emisiones de “bonos verdes” para cumplir con las metas de cero emisiones netas del bloque.

Buscan evitar el llamado “green washing” o “lavado verde”, con el que numerosas compañías, entidades y organismos buscan “lavar” su imagen a partir del pago de bonos de compensación ambiental que no cumplen con los objetivos ambientales pero se utilizan en campañas de marketing.

Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo pactaron ahora una serie de normas de base, aunque su cumplimiento será voluntario. De todos modos, sentarán las bases para aquellos bonos que quieran utilizar el término “bono verde europeo” o “EuGB”.

La decisión apunta a unificar criterios regionales, ya que hoy existen innumerables prácticas muy difíciles de homologar. Así, los inversores al menos tendrán una lista de parámetros para identificar las mejores de ellas. «Esta noche la UE ha dado un gran paso para ecologizar este enorme mercado al adoptar la primera normativa mundial sobre bonos verdes», declaró el legislador Paul Tang.

Según se informó, en 2021 el mercado de bonos verdes superó el medio billón de dólares, y fue Europa la que más emitió (algo más de la mitad de ellos).

Además, esta regulación define cómo debe informarse sobre el uso de los ingresos por la venta de esos bonos, es decir, en qué se utilizará el dinero. Eso ayudará también a determinar si un bono es realmente verde o no.

En ese sentido, Tang agregó: “Todas las empresas que opten por utilizar la norma a la hora de comercializar un bono verde tendrán que revelar mucha información sobre cómo se utilizarán los ingresos del bono, pero también estarán obligadas a mostrar cómo esas inversiones se integran en los planes de transición de la empresa en su conjunto».

Para que estos acuerdos se vuelvan normativa formal, los Estados Miembro y el Parlamento deben aprobarlo, y recién un año después entrarán en vigencia.

(Con información de Reuters)

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