En medio de las protestas que ya dejaron decenas de muertos en Perú, l presidenta Dina Boluarte fue denunciada penalmente junto a sus ministros por la masacre en Apurímac.
La denuncia fue presentada el lunes 13 de febrero de ante la Fiscal de la Nación por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de Derechos Humanos.
Según el documento, se acusa a la actual mandataria, sus funcionarios, altos mando policiales y “quienes resulten responsables” por los delitos de homicidio, lesiones, tortura y abuso de autoridad, considerados “graves violaciones de derechos humanos”.
Esta presentación judicial se da tras la muerte de seis personas por la represión en medio de las manifestaciones en Apurímac por el contexto político que transita el país, que dejaron un saldo de seis fallecidos y 83 heridos.
Foto: REUTERS/Pilar Olivares/Archivo
Además de Boluarte, las entidades apuntan contra Pedro Angulo, ex presidente del Consejo de Ministros; Alberto Otárola, ex ministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros; César Cervantes Cárdenas, ex ministro del Interior; Teniente Raúl Alfaro, comandante general de la Policía Nacional del Perú; entre otros.
Los denunciantes advierten que “no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”, motivo por el cual señalan que los altos mandos políticos y de las fuerzas de seguridad deben ser considerados “coautores” de la masacre.
“No solo los efectivos policiales, que fueron actores directos, son responsables penalmente. Sino también lo son autores mediatos, que formaron parte de la cadena de mando”, agregaron.
Perú transita una crisis política que se inició tras la destitución y detención del ex presidente Pedro Castillo, quien fue sacado de su cargo el pasado 7 de diciembre tras cometer un intento de golpe de Estado.
