Luego de que la Corte Suprema de los EEUU decidiera revertir el fallo Roe vs. Wade que garantizaba el aborto a nivel federal, la decisión sobre este tema volvió a manos de los estados, como ocurría hasta 1973. La Florida, en manos del Partido Republicano, fue uno de los primeros en avanzar en su restricción.
El 30 de junio pasado, el juez John C. Cooper admitió una medida cautelar interpuesta por distintas organizaciones pro-aborto y frenó la restricción, que desde el 1° de julio preveía reducir de 24 a 15 semanas de embarazo el plazo para abortar legalmente en el estado. Además, la medida HB 5 limita los casos en los que se podría acceder al aborto: sólo lo habilita en caso de que la vida de la madre corra peligro o que el feto tenga malformaciones (lo tienen que certificar dos médicos), dejando fuera las violaciones y el incesto.
En su fallo de 68 páginas, Cooper sostiene que la restricción propuesta viola la Constitución de la Florida, al avasallar el derecho a la intimidad, el mismo argumento que sostenía el aborto a nivel federal y que ahora fue reinterpretado por la Corte.
No pudo ser implementada como tenía previsto el Ejecutivo floridano, encabezado por el gobernador Ron DeSantis, quien aspira a la presidencia en 2024, enfrentando a Donald Trump en la interna republicana. La orden judicial lo trabó. E inmediatamente, el Gobierno de DeSantis presentó una apelación y lo informó a través de sus voceros.
La «Ley de Reducción de la Mortalidad Fetal e Infantil», conocida como HB 5, fue promulgada en abril, anticipándose al fallo de la Corte, desatando fuertes protestas, las cuales se multiplicaron a partir de la decisión del máximo tribunal. En ese momento, DeSantis expresó: “Respondió a las oraciones de millones de estadounidenses».
