Alessandra Korap de la tribu Munduruku del Amazonas ganó el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos 2020 por su trabajo en la defensa de los derechos, las tierras ancestrales y la cultura de pueblos indígenas de Brasil.
«Este premio no es solo para mí, es para todos los pueblos indígenas de Brasil que están pidiendo ayuda», dijo la activista de 36 años en una entrevista telefónica. «Ha fortalecido nuestra causa. Gritaremos más fuerte», agregó.
El premio de 30.000 dólares le fue entregado por la hija del exsenador estadounidense Kerry Kennedy en una ceremonia virtual desde Washington, en la que el orador principal, el exsecretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, elogió su valentía.
El galardón pone el foco en la lucha de su tribu para detener la construcción de represas hidroeléctricas en el río Tapajos, donde viven los Munduruku, y obtener el reconocimiento a las tierras de su reserva, dijo Korap.
Bolsonaro defiende sus políticas como una forma de integrar a los pueblos indígenas en la sociedad brasileña y sacarlos de la pobreza.
Llega en un momento en que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha «desmantelado» los servicios de salud y educación para los pueblos indígenas y ha hecho la vista gorda ante los taladores ilegales y los mineros de oro que invaden cada vez más reservas protegidas y destruyen bosques, agregó.
Bolsonaro defiende sus políticas como una forma de integrar a los pueblos indígenas en la sociedad brasileña y sacarlos de la pobreza. El presidente ha convertido la agencia de asuntos indígenas del gobierno Funai en una «organización de agricultores» liderada por personas designadas por el lobby agrícola que busca expandir la agricultura comercial hacia tierras tribales, dijo la líder indígena.
«El pueblo Munduruku de Brasil es guerrero (…) y ha sobrevivido más de 500 años de opresión, de intentos de destruir sus tierras ancestrales y de fugarse con sus recursos naturales», dijo Kerry.
El exsenador dijo que los Munduruku habían resistido activamente «la presión constante, violenta, ilegal y a veces patrocinada por el estado por parte de leñadores y mineros para explotar sus tierras».
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