El departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un informe titulado «Human Rights Report 2022» en el que se refirió al gobierno de Alberto Fernández e hizo hincapié en dos temas: la independencia del Poder Judicial y la corrupción.
En el capitulo: «Corrupción y Falta de Transparencia», el estudio puso el foco en las causas que involucran a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
El texto afirmó que en nuestro país existen «serios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupción gubernamental». A modo de ejemplo, indicó que «la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva».
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En ese punto, recalcó que «hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año» y precisó: «Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción».
Sobre la vicepresidenta y exfuncionarios del kirchnerismo, el documento detalló, en el capitulo: «Corrupción y Falta de Transparencia» que «en septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner«.
«Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente«, puntualizó y agregó que «los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones«.
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En esa línea señaló que «el 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos» y recordó: «Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera«.
El informe aseguró que «las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental».
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Y aseveró que «el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción«.
LA VISIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL PODER JUDICIAL EN ARGENTINA
El estudio sostuvo que «la impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles» y marcó que «la corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos».
Frente a ese escenario, remarcó que ONG nacionales denunciaron que «los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales en ocasiones fueron objeto de manipulación política».
A su vez, sumó las «largas demoras, atascos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial» y «la amplia discrecionalidad de los jueces sobre si continuar con las investigaciones y cómo hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias».
