Desde las 00:00 de este viernes 29 de diciembre, comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, que incorpora una serie de cambios que impactarán de lleno en la vida de los argentinos.
Tras su publicación en el Boletín Oficial el pasado jueves 20, hoy entran en vigencia las 30 medidas anunciadas como parte del programa de desregulación económica.
“Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, expresa el primer artículo de la normativa.
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En su primera cadena nacional como presidente, Milei afirmó que se trata de un “plan de estabilización de shock” que incluye “un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor del mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central”.
Si bien el paquete incluye 366 artículos que modifican o derogan leyes, hay 30 medidas que el mandatario apuntó como las principales.
Entre ellas, se encuentran la eliminación de la ley de Alquileres; la ley de Góndolas y la de Abastecimiento para eliminar los controles de precios; la privatización de las empresas públicas; y la ley de Tierras para promover las inversiones.
En el impacto inmediato, el DNU establece una modificación en el Código Civil y Comercial para “reforzar el principio de libertad contractual entre las partes”, a la vez que estableció que se puedan pactar en moneda extranjera como dólares.
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Además, se eliminan las restricciones de precios a la medicina prepaga, por lo que el sector podrá pactar por si solo los próximos aumentos. Para enero, las empresas ya informaron que habrá una actualización del 40%.
También alcanza a los pagos con tarjetas de crédito, ya que elimina el tope del interés punitorio para quienes se retrasan en el pago o abonen el mínimo, como también del tope que se les cobra a los comercios, aumentando ambas tasas.
Otro punto que ha sido muy cuestionado es la reforma laboral: se modifican el sistema de indemnizaciones excluyendo a bonos y el salario del cálculo; se extiende el período de prueba a 8 meses; se eliminan las multas a empleadores por no registrar a sus empleados; y se habilita a depositar el sueldo en plataformas digitales.
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Cabe mencionar que el DNU aún debe ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, para luego ser validado o rechazado tanto en Diputados como en el Senado.
Por otro lado, ya se presentaron cerca de 30 amparos en la Justicia contra la normativa de Javier Milei. Al momento, una fue rechazada por considerar que aún no estaba vigente la normativa.
