Luego de las críticas, el presidente Alberto Fernández incorporó la “Ley Lucio” en el temario de proyectos que serán tratados en las sesiones extraordinarias en el Congreso.
La medida se hizo oficial a través del Decreto 45/2023, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El mismo lleva las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur.
El proyecto, que lleva el nombre de Lucio Dupuy, un nene de cinco años asesinado a golpes en La Pampa y cuyas acusadas del crimen son su mamá y su pareja, ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad.
Anteriormente, el jefe de Estado adelantó que había hablado con el abuelo del menor para ampliar el temario. “Es un tema que ya se trató en Diputados, salió en Comisión del Senado y la verdad fue un desliz mío no haberlo incluido”, admitió.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, también le envió una carta a Alberto Fernández pidiendo incorporar el proyecto para crear el “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, manifestó la legisladora, quien advirtió que el tratamiento de la ley “es impostergable”.
Le solicité al Presidente @alferdez que incorpore al temario de sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto que crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.#LeyLucioYa pic.twitter.com/fj35laRA80
— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 24, 2023
QUÉ DICE LA LEY LUCIO
Tras ser aprobado en Diputados, ahora el proyecto impulsado por el legislador de Juntos por el Cambio, Martin Maquieyra, espera para ser tratado en el Senado y convertirse en ley.
El objetivo es crear un indicador de riesgo para los distintos tipos de maltrato infantil, unificar criterios y permitir la trazabilidad de las denuncias a nivel nacional, para busca prevenir y detectar a tiempo “situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Según el documento, esta normativa establece la capacitación de funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en materia de derechos de la infancia y violencia contra los menores.
También prevé un protocolo de actuación conjunta entre las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud, y otros organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia.
