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“Vamos mal, pero vamos bien”: ¿la recesión es el primer paso para una Argentina sin inflación?
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“Vamos mal, pero vamos bien”: ¿la recesión es el primer paso para una Argentina sin inflación?

Por Mariano Leira

La fuerte caída en la actividad económica se hace sentir en todos los sectores. La fiesta de consumo del año pasado quedó atrás y la gente retrajo fuertemente el consume frente a los aumentos generalizados y la demora en la recomposición salarial. En marzo puede llegar el pico de la crisis y solo la posible baja de inflación puede morigerar el descontento. Pese a todo, por ahora, el apoyo al Presidente se mantiene cercano al 50%.

Para los gobernantes, manejar la economía en febrero y marzo es una pesadilla. Son los meses más desafiantes del año. No importa el signo del gobierno, tiende a repetirse el ciclo. Después de la euforia de fin de año, del cobro del medio aguinaldo, de bolsillos llenos consumiendo para las fiestas y regalos de Navidad y Año Nuevo, de gastar el resto en las vacaciones, llega una suerte de “resaca”. Técnicamente, se habla de los meses con menor demanda de dinero. En otras palabras, es el momento del año en el cual se produce un bajón de actividad y que la gente tiende a sacarse todos los pesos de encima. Se reaviva la demanda del dólar y toma fuerza la inflación.

Este año, en cambio, las familias están sacando cuentas, haciendo recuentos de daño de las esquirlas del fogonazo inflacionario que arrancó en diciembre. Aunque menos que los pronósticos más pesimistas, las esquirlas de los precios todavía se proyectan hacia el futuro. Precios nuevos, salarios viejos.

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Y el día a día entrega la nueva fisonomía del mundo tallado a fuerza de “motosierra y licuadora”, la fórmula escogida por el gobierno libertario para acabar con la inflación y que se aventura en su primer escalón: una profunda recesión que busca deprimir todos los precios de la economía. Pero primero hay que saber sufrir, alude “Naranjo en flor”, o, como el dicho futbolero, para entrar hay que saber salir: antes que nada una devaluación del peso, aumentos de los precios reprimidos como las tarifas de energía y de servicios públicos, los más retrasados.

Entonces, si, deberían acomodarse otros precios: los salarios. Pero en esta fase, emerge con fuerza una recesión, que sucede al recalentamiento de la economía de la reelección, a un régimen que durante 2023 mantuvo la economía activa a fuerza de emisión monetaria para sostener el consumo, la alegría, la reelección del oficialismo kirchnerista.

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El Eseade es un bastión del liberalismo en la Argentina. No es un enunciamiento ligero. Su pater seraficus fue Alberto Benegas Lynch, autor del rezo canónico que Javier Milei dedica en todos sus discursos antes del grito de guerra de “Viva la libertad carajo”. El economista jefe de Eseade es Iván Cachanovsky, un académico cuyo hermano, a la sazón, diseñó con Emilio Ocampo el proyecto de dolarización nonata que el presidente esgrimió en campaña.

Aunque Iván tiene lauros y criterios propios, el ámbito y su análisis, a no dudarlo, está absolutamente despojado de un sesgo de prejuicio sobre el plan del Gobierno.

Cachanovsky tiene en su escritorio un tablero de comando que actualiza mes a mes con 21 indicadores de todo tipo, desde la evolución del empleo, la producción y venta de automotores hasta la confianza en el gobierno, pasando por exportaciones del agro. En diciembre, el mes de la devaluación de 54% del peso y del aumento del dólar en 118%, salvo la minería, la pesca y la molienda de oleaginosas, todas actividades ligadas al comercio exterior, el resto de la economía estaba en rojo. En enero, el panorama era similar: el enfriamiento recesivo de la economía se profundizaba.

“Este es el verdadero problema que tenemos por delante”, asegura en una conferencia con inversores de la que participó Newsweek Argentina. En realidad, apuntaba a las consecuencias de ese síntoma recesivo.

“Un dato clave para la estrategia del plan económico es el horizonte temporal de la paciencia”, es decir, la capacidad de la población de tolerar el proceso recesivo de esta etapa y la reforma estructural que asoma, cuando puede expresarla el Gobierno, en la economía del futuro, sin mayores barreras de contención y el desarme del papel regulador de la economía.

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A fines del mes pasado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer estadísticas de actividad industrial pyme de enero de este año y de cierre del 2023. Sólo en el primer mes del 2024, la facturación de las pymes industriales se redujo a precios constantes un 30% en relación con enero de 2023. Comparado con diciembre, el descenso fue de 9,1%. La industria empieza a apagar máquinas: la utilización de la capacidad instalada, según CAME, tuvo un declive de 2,3 puntos respecto de diciembre: se usaba el 70,8 por ciento.

“El sector industrial está sintiendo fuerte el deterioro en el poder adquisitivo de la gente y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales, que afecta a las empresas de perfil exportador. Igualmente, la reducción de la producción suele ser un proceso gradual, ya que implica decisiones sobre inversiones, empleo y otros factores”, analizó la entidad.

El caso de las Pyme es el más sensible a la crisis. Aunque la regulación laboral le impone costos altísimos a la hora de adecuarse a la demanda de personal –una de las razones que empujan una reforma-, aun así es el sector de la economía que más emplea en la Argentina.

Por eso el retroceso de la actividad allí es significativo. En el volumen global, concentrado en grandes empresas, la situación no es tan voluminosa pero si impactante.

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La fundación FIEL registró en enero, en base a datos preliminares conocidos a fines del mes pasado, una contracción interanual de 6,3% en la producción industrial.

Hubo caídas generalizadas en alimentos y bebidas, textiles, químicos y plásticos. También se produjo menos en las actividades de minerales no metálicos, la industria metalmecánica y la automotriz.

“La industria a comienzos de 2024 transita un período de adecuación al nuevo escenario económico, caracterizado por un marcado cambio de precios relativos de bienes y servicios, un fuerte deterioro del poder de compra del público y mayores incentivos a la exportación”, diagnosticó el think tank liberal. “La producción de sectores vinculados al consumo –por ejemplo textiles, calzado, durables de la línea blanca, gris, marrón y de pequeños electrodomésticos‐, se verá afectada por el deterioro de los ingresos reales y la readecuación de los gastos de las familias”, advierte FIEL.

“La rentabilidad industrial está siendo amenazada por diversos factores: la baja en el consumo, producto del debilitado poder adquisitivo, sumado a la persistente inflación y el inminente aumento de tarifas de servicios públicos como la electricidad, generan un clima de zozobra y riesgo para la actividad industrial”, acota CAME.

Para muestra basta un nombre propio. El grupo Acindar, segundo proveedor de acero para la construcción y la industria en el país, anunció que paralizaría sus cuatro plantas entre el 18 de marzo y el 15 de abril debido a la fuerte retracción en las ventas de entre 35% y 40%, según estimaron. Cerrará las puertas de su emblemática acería de Villa Constitución, así como otros establecimientos en Rosario (también en Santa Fe), La Tablada (Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis). Podría extenderse más allá de abril, anunció la compañía, que indicó que por el momento no dispuso despidos.

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En ese sentido, más allá de la voluntad expresada por el Gobierno, no hay una ruta claramente trazada. Al 20,6% de inflación de enero, los pronósticos coinciden que no se repetirán esas magnitudes en febrero, cuya medición oficial será conocida recién a mediados de este mes. “Estará cerca de 10%”, arriesgo a mediados de febrero el presidente Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, recalculó días después: “Estará más cerca de 10% que de 20%”, morigeró. Los analistas prevén que los precios en febrero habían viajado entre 15% y 18%. Poco para festejar.

En materia de ingresos, el Gobierno ha dado pocas pistas, a excepción de un fuerte recorte de los haberes jubilatorios, principal sostén del equilibrio fiscal de enero, que fue anunciado en febrero. La falta de actualización a la inflación de las jubilaciones, el corte abrupto de las transferencia de recursos a las provincias junto a una fortísima recaudación tributaria por la vía de las retenciones a exportaciones y a las importaciones, junto con el financiamiento por la vía de la inflación –recaudación y licuación del gasto- permitieron tener en caja las cuentas del Estado.

En palabras más técnicas, el freno abrupto de la demanda del Estado y los particulares permitió enfriar la inflación, pero con un correlato de destrucción de la actividad y de recesión.

La “motosierra” fiscal, la principal herramienta antiinflacionaria del Gobierno estalló en la relación con las provincias con el congelamiento de las denominadas transferencias no automáticas, así como de fondos de asignación específica y los subsidios al transporte. Un accidentado inicio de clases por el desfinanciamiento nacional a los docentes de las provincias tanto como el recorte de transferencias a cuenta de la coparticipación o la eliminación de asignaciones específicas para la administración bonaerense empujaron a acomodarse las economías de los estados subnacionales.

El mecanismo de financiamiento de obra pública amenaza a uno de los sectores más dinámicos de actividad y empleo.

Por esa razón, la preocupación de los empresarios de la construcción, que estimaron a fines de febrero despidos y suspensiones que afectaron a 100.000 trabajadores de la actividad.

La motosierra fiscal afectó al rubro gasto de capital, que cayó 86% contra el 2023 en términos reales. Se llegó así a uno de los niveles más bajos desde los años ’90.

¿Hay una luz al final del camino, o como la triste anécdota la sitúa al final del túnel, con un tren de drama social avanzando hacia nosotros a toda velocidad? El story telling oficial habla de un período de transición. El ministro Caputo habla, cautamente y en otras palabras, del segundo semestre del año, no sea cosa de quedar pegado con las falsas profecías de Mauricio Macri.

No es tan optimista la Unión Industrial Argentina (UIA), que caracteriza a todo el año como “desafiante en términos de precios y actividad”. El contexto de dos meses con alta inflación, la suba en el impuesto PAIS que afecta al precio de los insumos y la corrección de precios anteriormente regulados, “repercutirán de manera negativa sobre el consumo en el corto plazo. También se espera –aseguró la UIA- una caída de la inversión por el freno del gasto de capital y la incertidumbre macroeconómica general”, algo que ya se palpa en la producción.

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“Las exportaciones serán necesarias para compensar la caída del mercado interno”, anticipan los industriales, que piden “medidas que sustenten el entramado industrial pyme a la vez que promuevan la exportación de productos con valor agregado”.

La recesión para la principal gremial empresaria ya está acá. “Las perspectivas para el año son entonces de una caída de la producción, magnitud que dependerá de la evolución de las principales variables macroeconómicas. El escenario base contempla una caída de la actividad industrial de al menos 4% interanual para 2024, que se explica por el menor desempeño de los sectores vinculados al consumo interno y la obra pública y la falta de incentivos a la exportación”.

LA SOJA, PERO PERONISTA

“Compensaría parcialmente esta tendencia la recuperación de los sectores vinculados a la agroindustria, el sector petrolero y minero”, pronostica la UIA. Pero incluso esa válvula que forma parte de todos los planes de recuperación empieza a quedar en duda.

En efecto, desde el año 2023, la reversión de la sequía provocada por La Niña era el factor determinante de recuperación. Como se recordará, el año pasado se perdieron ingresos por US$ 22.000 millones de exportaciones del campo por caída de producción de la agroindustria.

Foto: NA

Con un año de “Niña”, el campo comenzó a proyectar en el último trimestre del año pasado que este 2024 sería récord en materia de producción y de ingreso de divisas. Aunque se ubicará entre las mayores cosechas de la década previa, con la excepción del 2021 y 2022 años de precios agrícolas récord, durante el último mes empezaron a coincidir dos factores negativos.

Por una parte, las lluvias del verano fueron menores a las esperadas y el verano fue más seco que lo esperado. Así, los rendimientos récord en una cosecha récord empezaban a ceder. Pero también, la buena producción de Brasil y Estados Unidos y el mayor aporte mismo de la Argentina empezaron a impactar en los precios de los commodities llevando los precios de los granos a los menores niveles de seis años.

Así, si bien las exportaciones agrícolas sumarían u$s 9.400 millones extra este año, resultan casi u$s 6.000 millones menos que las estimadas previamente, en un contexto de baja en los precios y ante el ajuste en los rindes por el calor intenso y la falta de precipitaciones de las últimas semanas de febrero, de acuerdo con estimaciones de la Fundación Capital.

Esos menos recursos transforman todavía en más dificultosa la recomposición de las reservas internacionales.

Según la Fundación Capital, las exportaciones totales alcanzarían los u$s 78.125 millones (+17% interanual) este año y las importaciones los u$s 59.100 millones, contrayéndose 19,8% interanual por efecto de la recesión económica.

LA PREOCUPACIÓN DEL FMI

La número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, está a cargo de las complejas negociaciones del programa de facilidades extendidas que el organismo tiene con la Argentina. Recientemente, el organismo acordó la continuidad de ese programa sobre la base del plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, que en esencia presentó compromisos de ahorros fiscales superiores a todos los que en la historia hubiera presentado la Argentina para acceder a la asistencia crediticia de la institución.

Gita Gopinath
y Luis Caputo. Foto NA

En un desvío de su bajada al Cono Sur para participar en la cumbre del G 20 en Rio de Janeiro, la funcionaria india visitó por 48 horas la Argentina. Se entrevistó a solas con Javier Milei y con el ministro Luis Caputo y mantuvo diversos contactos con la oposición, fuerzas sociales, legisladores, empresarios y académicos de la economía.

“Una de las consecuencias del proceso de estabilización es que la economía se contrae, en efecto prevemos una recesión de 2,8% para este año. Esta moderación de la demanda ayudará a reducir la inflación. Pero, de nuevo, diría que en términos de lo que el gobierno realmente controla, directamente el frente fiscal es lo más crítico”, dictaminó acerca del proceso en marcha.

La economista insistió, una y otra vez, en que “el camino por recorrer sigue siendo desafiante, y será necesaria una política monetaria y cambiaria consistente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación, reconstituir las reservas y reforzar la credibilidad”, y que lo fundamental del programa es el ancla fiscal.

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Pero, sobre todo, asumiendo el carácter recesivo del plan, sentenció en un comunicado oficial: «Dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”, señaló el FMI.

La etapa recesiva ha llegado. Es un camino de ida, sin ticket de regreso. Una nueva sociedad encontraremos al cabo de este plan que día a día descubre nuevas caras.

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