En medio de los reclamos por la situación que atraviesan los jubilados, el Gobierno oficializó por decreto una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para recomponer sus ingresos.
A través del decreto 274/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y su gabinete aprobaron el nuevo cálculo, que contemplará una actualización mensual ligada a la inflación del INDEC.
El Gobierno actualizará las jubilaciones por decreto: de cuánto serían los aumentos
La normativa señala que la fórmula entrará en vigencia desde junio; pero que a partir de abril, recibirán “adelantos incrementales” equivalentes al Índice de precios al consumidor (IPC) “a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad” para que el cambio de un régimen a otro “no implique padecimiento alguno”.
De esta forma, el próximo mes se otorgará un incremento extraordinario que será de un 12,5% “sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo”, más un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024. En mayo habrá un nuevo adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio.
Los incrementos dispuestos “serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente”, por lo que luego “se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido”.
Tras la polémica por la sesión fallida en Diputados, justificaron la decisión de hacer esta modificación por decreto para “dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores” y “garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación”.
Desde el Gobierno cuestionaron que la actual fórmula “presenta graves y serios inconvenientes”, ya que “ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”.
Entre los puntos negativos, señalaron que “no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario”, tiene un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”, se basa en “datos que no son de fácil acceso para el público” y “supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva”.
“La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones como consecuencia del flagelo de la inflación y la vigencia de una fórmula de actualización de los haberes deficiente e injusta constituyen un problema ineludible y urgente que no puede ser postergado”, enfatizaron en la normativa.
