Donald Trump tiene muchas formas de perjudicar al presidente entrante, Joe Biden, hasta el día de la toma de posesión. Este es el “menú del caos” que temen los demócratas.
Dos semanas antes de la elección, el presidente estadounidense Donald Trump alarmó al ala oficial de Washington con una orden ejecutiva que amenazaba con socavar el sistema del servicio civil del país, con 140 años de antigüedad. La Casa Blanca insistió en que esa acción, que facilita el despido de abogados, científicos y otros empleados que ocupan puestos relacionados con la elaboración de políticas, colocándolos en una nueva clasificación de puestos, había sido diseñada para deshacerse de personas incompetentes que están protegidas por las reglas actuales. Sin embargo, observadores indignados dentro y fuera del gobierno manifestaron su temor de que dicha orden le diera a Trump una mayor amplitud de maniobra para despedir a personas a las que considerara desleales, o que, en su opinión, trabajarán para arruinar sus planes.
Sin embargo, las personas que forman parte del círculo de Joe Biden vieron esa acción como una amenaza directa: un presagio del daño que Trump sería capaz de hacer mientras esté en el poder durante los 78 días entre el día de la elección y la toma de posesión, cuando los poderes de la presidencia cambien de manos. Y las acciones de Trump en el periodo inmediatamente posterior a la victoria de Biden no han hecho nada para disipar esos temores.
Es verdad que, en toda la historia de Estados Unidos, los presidentes que se encuentran al final de su mandato sin posibilidad de reelección han utilizado, en el tiempo que permanecieron en el cargo, las órdenes ejecutivas, así como los indultos presidenciales, los decretos regulatorios, los nombramientos en el poder judicial e incluso las acciones militares, para ayudar a garantizar su legado, perjudicar al tipo que los derrotó o retribuir a amigos y enemigos por igual. Sin embargo, dado que Trump ha forzado, y algunas personas dirán que ha eliminado, los límites normales de la forma de conducirse de un presidente, muchas personas con información privilegiada de Washington, D. C. temen que pueda aumentar tremendamente el caos que un comandante en jefe puede provocar.
Y, de hecho, Trump ya ha despreciado las reglas de conducta de un presidente saliente, en primer lugar, al negarse a conceder la victoria de la elección y luego al impedir que el equipo de Biden tenga acceso a lugares de trabajo seguros, autorizaciones de seguridad y fondos dedicados a los trabajos de transición.
ASEGURARSE LAS LEALTADES
La orden ejecutiva de octubre parece la Prueba A de lo que podría ser una muy larga lista de acciones para dañar la transición. Algunos miembros del equipo de Biden señalan que, muy posiblemente, dicha orden ayude a Trump a despedir a cientos de personas entre este momento y el día de la toma de posesión, lo que podría arrojar al caos el trabajo de una larga lista de organismos gubernamentales que van desde los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades hasta la Agencia de Protección Ambiental y la Administración de la Seguridad Social. Trump despidió el 9 de noviembre al secretario de Defensa, Mark Esper, y comenzó a nombrar a personas leales a él en puestos del servicio civil difíciles de desalojar en una gran variedad de organismos
“Estas cosas son una declaración de guerra”, declaró a Newsweek un consultor de transición del equipo de Biden que pidió mantenerse en el anonimato. “Está convirtiendo esto en una transición infernal”.
Existen muchas personas con información privilegiada sobre Washington, así como estudiosos de la presidencia y activistas, que comparten las preocupaciones del equipo de Biden sobre lo que el actual presidente podría hacer para dejar su marca tras ser rechazado por el pueblo estadounidense. Sin embargo, desde 1801, cuando Thomas Jefferson asumió el cargo de manos de su adversario político John Adams, la suave transferencia de poder entre partidos ha sido considerada como uno de los rituales políticos más importantes en Estados Unidos, un momento de tensión que depende del honor, el patriotismo y el respeto al predecesor por parte de los presidentes involucrados, señala Rebecca Lissner, experta en seguridad nacional y catedrática de estrategia operativa de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos. El proceso, dice, es una de las diferencias definitorias entre las democracias de estilo occidental y los gobiernos autocráticos.
¿Qué es lo que podría perturbar el proceso esta vez? “Hay una variedad [de posibilidades] que van desde la incompetencia hasta el sabotaje descarado”, afirma Lissner, autora de An Open World: How America Can Win The Contest for Twenty-First Century Order (Un mundo abierto: cómo Estados Unidos puede ganar la contienda por el orden en el siglo XXI, sin traducción al castellano, Yale University Press, 2020). “Podemos imaginar una amplia variedad de acciones que Trump, a punto de dejar el cargo, podría realizar para provocar un gran daño a su sucesor, trabando en efecto ciertas decisiones políticas que sería excepcionalmente difícil o costoso revertir. Podría hacer que el país se retirara de la OTAN o realizar acciones asertivas con respecto a Irán o China. No hay nada que impida que el presidente Trump pueda desatar incluso una guerra”.
Jeff Timmer, antiguo presidente del Partido Republicano en Michigan y cofundador del Proyecto Lincoln, un comité de acción política opuesto a Trump, está de acuerdo: “Cada vez que las personas han dicho: ‘Oh, nadie haría eso’, Trump ha respondido: ‘Miren cómo yo lo hago’”.
LA NORMALIDAD CONTRA TRUMP
La amenaza más inminente, según los expertos en la transición, es la negativa del presidente Trump de comunicarse o permitir la colaboración de los líderes de los organismos gubernamentales, una amenaza que pareció cumplir pocos días después de que el presidente electo Biden cruzó el umbral de los 270 votos electorales. “Es posible imaginar a Trump diciéndole a todo el mundo: ‘Vamos a darles la menor cantidad de cooperación posible, vamos a andar con pies de plomo’”, afirma Norm Ornstein, experto en ciencias políticas y académico residente del Instituto Estadounidense de Empresa. “La ley le impide hacer algunas de esas cosas, o al menos, no debería ser capaz de salirse con la suya, pero puede intentarlo”.
Terry Moe, catedrático de ciencias políticas de Stanford y miembro del consejo de administración del Proyecto de Transición en la Casa Blanca, una coalición de asesoría no partidista, teme que Trump pueda seguir negándole a Biden y a su personal autorizaciones de seguridad y acceso a información delicada. “La presidencia de Trump no es una presidencia normal; es una anomalía y es enteramente posible que esta transición tampoco sea normal”, afirma Moe.
Biden mismo restó importancia a esta falta de cooperación en una conferencia de prensa realizada el 10 de noviembre. “El hecho de que, en este punto, no estén dispuestos a reconocer que ganamos no tiene grandes consecuencias para nuestra planificación ni en lo que podremos hacer entre el día de hoy y el 20 de enero”, dijo. Tras preguntársele cómo trabajaría con los republicanos si no aceptan su victoria, Biden mostró una amplia sonrisa y dijo: “Lo harán. Lo harán”.
De hecho, los partidarios de Biden esperaban completamente que Trump se comportara como lo ha hecho, dada su insistencia previa a la elección, sin contar con ninguna prueba, de que en la votación habría abundantes fraudes. Cuando el moderador Chris Wallace le preguntó, en el debate del 29 de septiembre, qué haría para garantizar una transición de poderes suave en caso de que perdiera, pasó a quejarse de que el expresidente Barack Obama no le había dado una transición suave y arremetió contra la demócrata Hillary Clinton. “Cuando escucho a Joe hablar de la transición, no ha habido ninguna transición desde que gané”, dijo. “Vinieron tras de mí, tratando de dar un golpe de Estado”.
Sin embargo, en diciembre de 2016, Trump describió su toma de posesión de manos de Obama como “muy, muy suave”. Cada departamento y organismo, de acuerdo con las leyes escritas por Ted Kaufman, el antiguo jefe de gabinete de Biden (cuando Kaufman se desempeñó brevemente como senador de Delaware hasta que se realizó una elección especial después de que Biden se convirtió en vicepresidente), proporcionó un enlace al personal entrante de Trump, así como expedientes detallados sobre asuntos importantes de política y otros temas. Kaufman, de 81 años, es copresidente del equipo de transición de Biden en 2020.
Los problemas surgieron, afirman funcionarios de Obama, porque la victoria de Trump tomó por sorpresa incluso a su propia campaña. Cualquier plan de transición que hubiera podido presentarse se fue a la basura cuando Trump despidió al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie como presidente de transición al día siguiente de la elección. “No creo que haya sido una falta de cooperación de nuestra parte”, dice Christopher Lu, que fue copresidente del equipo de transición de Obama en 2008, tras el mandato del expresidente George W. Bush, y subsecretario del Trabajo durante el cambio de gobierno en 2016. “Fueron ellos quienes no estaban organizados para recibir la información”.
OTROS NIVELES DE COOPERACIÓN
Gran parte de lo que el Congreso ha codificado en la última década se extrajo del estándar de oro de los tiempos modernos, la transición de Bush a Obama. Josh Bolton, el subjefe de gabinete de Bush, ordenó a los departamentos que dieran asistencia a los equipos de Obama y de McCain mucho antes del día de la elección, y se realizaron varias reuniones y llamadas de planificación durante el verano de 2008 en las que participó el personal de ambos posibles sucesores. La ley también garantiza la pronta expedición de autorizaciones de seguridad, espacio en las oficinas de gobierno y presupuesto. “No pudo haber sido una experiencia de trabajo con mayor colaboración”, afirma Lu. “Cuando el presidente Obama asumió el cargo, se mostró públicamente efusivo acerca de la cooperación que obtuvo del expresidente Bush y prometió el mismo nivel de cooperación con su sucesor”. Todo esto es importante debido a que la transición es una empresa gigantesca en la que se deben ocupar alrededor de 4,000 puestos y hacer que los nuevos miembros se adapten y comiencen a trabajar lo antes posible. “Si diriges una empresa, si diriges una universidad, no puedes retirar en un solo día a todos los directores veteranos ni ingresar a un grupo completamente nuevo de personas y, sin embargo, eso es lo que hacemos”, afirma Lu. “Es un periodo en el que los adversarios tratarán de aprovecharse”.
Sin embargo, dado que Biden estuvo recientemente en el poder con Obama y tiene casi toda una vida de experiencia trabajando en el gobierno federal, no necesita mucha ayuda de Trump, afirma Terry Sullivan, catedrático de ciencias políticas de la Universidad de Carolina del Norte y director ejecutivo del Proyecto de Transición de la Casa Blanca. De igual manera, a Sullivan no le preocupa que la Administración de Servicios Generales no proporcione los recursos y el acceso que generalmente se conceden al equipo entrante.
“Te garantizo que, si el presidente pone obstáculos, los donadores protestarían porque la gran mayoría de los fondos para la planificación de la transición presidencial provienen de donadores privados”, afirma Sullivan.
“Es decir, la cantidad de dinero gubernamental es importante, el edificio está ahí y tiene computadoras y cosas como esas. Sin embargo, puedes preguntarle a cualquier persona que haya pasado por esto; las enormes cantidades de dinero que se necesitan provienen de donadores privados, y estos intervinieron de inmediato y comenzaron a firmar cheques”. (El equipo de transición de Biden no hizo ningún comentario sobre si recibe fondos privados para la transición).
Una posibilidad es que Trump simplemente se desentienda y rehúse participar completamente en la gobernanza, o que decida, en un arranque de orgullo, vetar cualquier cosa que haga el Congreso. Por ejemplo, el gobierno federal se quedará sin fondos el 11 de diciembre, y si el presidente Trump rehúsa firmar otra medida para mantenerlo en marcha, ello podría generar un devastador cierre gubernamental en medio de la pandemia de COVID-19, afirma Gayle Alberda, catedrática de ciencias políticas de la Universidad Fairfield.
“Supongamos que Trump se va a su casa de descanso en Florida y termina su presidencia en ese lugar, ¿entonces qué ocurriría?”, pregunta. “Lo necesitamos, es parte del proceso político. Tiene que firmar leyes y cosas como esa. Pero si no lo hace, ¿qué haremos? Si no se hace nada con el coronavirus, como algún tipo de paquete de ayuda, o colaborar en la realización de pruebas o algo así, Biden tendrá que enfrentar un enorme problema”.
UN “MENÚ DEL CAOS”
Más allá de crear desafíos logísticos, Trump y su gabinete podrían emprender otras acciones que serían difíciles de revertir rápidamente para el equipo de Biden. La variedad de opciones (órdenes ejecutivas, despidos, nombramientos e implementación de nuevas regulaciones) es tan amplia y profunda que en el equipo de transición de Biden ya hay personas centradas específicamente en tratar de mantenerse informadas sobre lo que hace el equipo de Trump, de manera que no se olviden de revertir algo importante.
“Todos los equipos de transición tratan de mantenerse atentos a lo que el partido saliente hace al final, pero existen normas que evitan que el presidente saliente vaya demasiado lejos”, señala el consultor de transición de Biden. “Podemos imaginar a Trump ordenando todas y cada una de las cosas del menú del caos”.
Existen pocas dudas de que Trump utilizará generosamente su poder para otorgar indultos en los últimos días de su mandato, dada la letanía de investigaciones federales y estatales que actualmente están en curso con respecto a posibles negocios ilícitos en el extranjero, acuerdos políticos y financieros que podrían involucrar a su hijo Donald Jr., a su hija Ivanka y al esposo de esta, Jared Kushner, así como a socios de alto perfil como Rudy Giuliani. Todos los presidentes salientes aumentan su actividad de concesión de indultos en los últimos días de su mandato, pero los expertos aseguran que Trump llevará al límite esa autoridad constitucional al otorgar indultos amplios y “todo incluido” a personas como su presidente de campaña de 2016, Paul Manafort, su asesor político Roger Stone y su antiguo asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, todos declarados culpables de distintos delitos.
No está claro si un presidente puede indultarse a él mismo o si existe una inmunidad generalizada, ya que ninguna de las dos cosas se ha puesto a prueba en la Corte; nadie impugnó legalmente la decisión que el entonces presidente Gerald Ford tomó en 1974 para otorgar a su deshonrado predecesor, Richard Nixon, “un indulto total, libre y absoluto” por “todos los delitos contra Estados Unidos” que cometió durante su mandato presidencial. (Aun si Trump intenta con éxito indultarse a él mismo, no puede darse inmunidad ante acusaciones de nivel estatal).
Aunque algunos de esos actos en interés propio podrían ser obvios, por ejemplo, respecto a las personas relacionadas con la investigación de la colusión con Rusia, a Lisa Gilbert del grupo de control progresista Public Citizen le preocupan los nombres más oscuros cuya importancia no será clara sino hasta después de algún tiempo si, por ejemplo, le hacen favores o le dan apoyo financiero a Trump cuando sea expresidente. “Podríamos ver otros indultos a personas cercanas a él, quizá relacionadas financieramente con él en formas que no conoceremos sino hasta que las veamos, pero ese tipo de conflictos de intereses existentes al final de la toma de decisiones es algo que podemos anticipar en este momento”, dice.
Otra actividad normal para los presidentes salientes es tratar de llenar los puestos vacantes en los tribunales federales, y también podría ser llevada al extremo. El último presidente que tuvo el control del Senado, que es el organismo que confirma a los jueces, en cualquier parte del periodo de transición, fue Bill Clinton en enero de 2001, pero fue obstaculizado por el requisito de 60 votos para superar una obstrucción. El Senado, que en ese momento estaba dirigido por el entonces líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, retiró ese obstáculo para los nombramientos judiciales, por lo que Trump no tendría ninguna restricción si desea llenar los 65 puestos vacantes en la judicatura federal, 40 de los cuales tienen todavía nominaciones pendientes.
Aún si el Partido Republicano pierde el control del Senado después de la segunda vuelta de la elección para el Senado de Georgia, a realizarse en enero, los observadores temen que la velocidad récord con la que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, impulsó la confirmación de la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, sea un nuevo modelo de aprobación para los nombramientos judiciales. Un Senado turbocargado podría entregar velozmente nombramientos de por vida a decenas de juristas no adiestrados ni calificados, afirma Dennis Parker, del Centro Nacional para la Ley y la Justicia Económica. “Esto tiene las consecuencias más duraderas e irreversibles”, afirma Parker. “Este gobierno verdaderamente ha dado prioridad a esto”.
AMENAZA DE REGLAS AL VAPOR
Los partidarios de Trump discrepan con la idea de que es problemático hacer nombramientos para la corte de manera acelerada, y señalan que es la prerrogativa del presidente. “El presidente tiene grandes antecedentes, desde el punto de vista conservador, de llenar las vacantes judiciales y, por supuesto, el Senado deberá llenar cualesquier vacantes abiertas que pueda seguir ocupando”, dice Genevieve Wood, asesora política de alto nivel de la Fundación Heritage, un grupo conservador de analistas. “Se les pagará hasta final de año, ¿sabes?, y por ello deben continuar haciendo su trabajo”.
A los defensores de la reforma migratoria también les preocupa que Trump, cuyo ascenso político fue impulsado por su línea dura con respecto a este tema, pudiera ordenar redadas generalizadas por parte del departamento de Inmigración y Control de Aduanas para “librarse de tanta gente como pueda”, afirma Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados. “Una vez que tienen en su poder a alguien, es muy difícil hacer que lo liberen, aún si desde el principio no había ninguna buena razón para ejercer una acción contra esa persona. Por ello, algunas de esas cosas pueden tener ramificaciones aún [cuando] Biden asuma el cargo”.
Varios importantes grupos progresistas también temen que Trump pudiera promulgar aceleradamente nuevas reglas para distintos organismos, las cuales exigirían que Biden dedicara varios meses a atravesar el engorroso proceso de creación de reglamentos, que exige un periodo de al menos 30 días de comentarios públicos, o presentar demandas judiciales para evitar la promulgación de los esfuerzos de Trump. “Cuantas más cosas hagan a toda velocidad al final del gobierno, tanto más difícil será atajarlas todas”, afirma Gilbert. “Aun si el gobierno de Biden dice desde el primer día: ‘Todas estas reglas quedan rescindidas’, tomará mucho tiempo revertirlas”.
La lista de posibles reglas es larga. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental ha planeado promulgar un reglamento que prohibiría que ese organismo tenga en cuenta ciertos estudios científicos sobre temas como el cambio climático. El Departamento del Interior ya ha finalizado reglas que abren el ambientalmente vulnerable Refugio de Vida Silvestre del Ártico a la extracción de petróleo, y el Bosque Nacional de Tongass de Alaska a la tala de árboles, por lo que el gobierno de Trump podría apresurarse a conceder adjudicaciones. “Es posible que, entre el día de hoy y el mes de enero, podamos ver un gran esfuerzo para permitir la tala en Tongass, lo cual sería imposible de revertir”, dice Tim Donaghy, especialista en investigación de alto nivel de Greenpeace.
Los conservadores tienen sus propias preocupaciones. A Wood, de la Fundación Heritage, le preocupan los comentarios hechos por Trump durante el último mes de campaña, donde afirmó que quería un gran paquete de ayuda para lidiar con el COVID-19. “Lo que los conservadores quieren que haga el presidente es que no gaste más dinero”, dice Wood. “Queremos que se controle el gasto. Queremos que el presidente trabaje con los conservadores del Congreso para garantizar que esto no se convierta en un tren de gastos mientras se termina la presidencia. Esa no es una forma de consagrar su legado entre los conservadores, que han sido los verdaderos defensores de su presidencia”.
Publicado en colaboración con Newsweek México
