La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó la «ley de inteligencia» que le brinda un marco de legalidad al sistema de investigación criminal y de actividades ílicitas con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Es así como Santa Fe pasó a ser la primer provincia en contar con una entidad de espías propia.
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La inciativa se debatió primero en la Cámara de Diputados donde obtuvo 48 votos a favor y una sola abstención de la legisladora, Alejandra Rodenas. Luego se discutió en el Senado y se convirtió en ley.
La normativa lleva el nombre de «Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito» y determina las «bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito».
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Precisa que abarcará la «producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública».
Este nuevo sistema de inteligencia actuará bajo el mando del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará compuesto por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).
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Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina, explicó, en sus redes sociales, que esta ley es importante por «la complejidad del crimen en Santa Fe» y sostuvo que «el convencimiento que tenemos de avanzar contra las mafias, requiere que demos este paso en la creación de organismos enfocados en la producción y gestión de la información que nos permitan prevenir el delito y proteger a los santafesinos».
Remarcó, que gracias a este organismo, la provincia dispondrá de «las herramientas necesarias para atacar a fondo las estructuras narcocriminales y después de mucho tiempo, empezar a actuar con antelación y prevenir cualquier fenómeno delictivo» y destacó: «Todo, bajo un régimen de restricciones precisas y el control permanente de la Legislatura, para evitar investigaciones sobre cuestiones políticas partidarias, religiosas o que afectan la libertad de prensa».
