La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel a tomar medidas para “prevenir” un genocidio contra la comunidad palestina en la Franja de Gaza.
El tribunal de La Haya no desestimó la acusación realizada por abogados de Sudáfrica, quienes acusan al Estado israelí de tener una “conducta genocida” tras el ataque de Hamás. Sin embargo, no se pronunció sobre el alto al fuego por parte de militares israelíes.
Entre las medidas, que son de carácter provisional, se exigió a Israel “tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de delitos” como “matar a miembros del grupo; causar daños corporales o mentales graves a miembros del grupo; imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para lograr su destrucción física total o parcial; e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”.
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También se pidió que garanticen que su ejército “no cometerá cualquiera de los actos descritos”; y que harán todo lo que tengan a su alcance para “prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en la Franja de Gaza”.
Por otro lado, incitó a las autoridades israelíes a “tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para hacer frente a la condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”.
“El tribunal es plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, expresaron.
En el fallo, la Corte señaló que “la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha provocado un gran número de muertos y heridos, así como la masiva destrucción de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y amplias daños a la infraestructura civil”.
Según las cifras mencionadas, se registraron 25.700 víctimas fatales y más de 63.000 heridos. A su vez, se calcula que unas 1,7 millones de personas han sido desplazadas internamente.
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Además, remarcaron que “en la actualidad, muchos palestinos en Gaza no tienen acceso a los alimentos más básicos, agua potable, electricidad, medicamentos esenciales o calefacción”
En ese sentido, los magistrados consideraron que “la población civil en la Franja de Gaza sigue siendo extremadamente vulnerable”, y resaltó que ante la “catastrófica situación humanitaria” en la región, era necesario tomar medidas preventivas “antes de que la Corte dicte su sentencia definitiva”.
