Casi todas las diferentes organizaciones y entidades que integran el sistema judicial rechazaron el proyecto del Frente de Todos que busca sumar al Presupuesto 2023 que todos los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.
La Corte Suprema llevó adelante el viernes pasado una reunión con carácter de urgente para discutir el panorama, según informó Noticias Argentinas y desde el propio entorno del máximo tribunal se dieron a conocer los documentos de las asociaciones en los dejaron en claro que no están de acuerdo en abonar el gravamen.
La única entidad que se manifestó a favor de la medida fue Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, que indicó que «nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio» y agregó que «jueces, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del país».
— Justicia Legítima (@Just_Legitima) October 22, 2022
En contraposición, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFUN) remarcó que «ciertos sectores de la política pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio» y afirmó que «lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales».
Los fiscales argumentaron que «este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho». El texto lleva la firma del titular de la organización, Carlos Rívolo y del vocal Diego Luciani, entre otros.
En sintonía con AFUN, la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) expresó: «Su oposición a cualquier intento de menoscabar la independencia judicial» y precisó que «la reducción de los ingresos percibidos por funcionarios y magistrados es una violación a lo establecido por la Constitución Nacional».
En esa línea hizo hincapié en que el artículo 110 de la Constitución y sostuvo que funciona como un «resguardo de la labor judicial y ante presiones de cualquier índole». Firmaron el documento, la presidenta de la entidad, Gretel Diamante, y su secretaria, Sabrina Namer.
Por su parte, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que reúne a jueces y fiscales de 19 naciones, sostuvo que el proyecto «pretende incorporar una cuestión tributaria dentro de la ley de presupuestó que resultaría que afectaría (sic) el salario de los magistrados» y es por eso, que aseveró que «preocupa también que se utilice esta vía para afectar la intangibilidad de los salarios e incrementar los tributos a través de una ley que debe prever los gastos del Estado». En ese sentido, recalcó que «el régimen salarial es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia».
Impuesto a las ganancias al Poder Judicial: comunicado de la Asociación de Fiscales y de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) pic.twitter.com/C5M5Phxs51
— Nicolás Resco (@NegroResco) October 22, 2022
Para concluir, la Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE) repudió «el proyecto de ley en discusión, que avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el país, por encontrarse en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial».
