Tras las protestas en Jujuy y luego de que Alberto Fernández advirtiera que recurrirá a la Justicia para declarar inconstitucional la reforma de Gerardo Morales, la Secretaría de Derechos Humanos denunció penalmente a Jujuy.
Horacio Pietragalla, a cargo del área, comunicó en su cuenta de Twitter: «La @SDHArgentina denunció penalmente al gobierno de Jujuy por la represión a manifestantes» y precisó: «La presentación solicita que se investiguen los numerosos hechos de violencia policial en las protestas contra la reforma constitucional de la provincia».
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Por lo tanto, hizo hincapié en que «la justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes».
En esa línea detalló que «las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones» y agregó que «también señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes».
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«Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que, más allá de las responsabilidades de los autores directos, dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia«, subrayó la presentación.
Además, el texto recalcó que «el escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial».
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