Los 35 senadores que votaron a favor del pliego de la jueza Ana María Figueroa fueron denunciados.
La presentación la hizo la Fundación Apolo. Con el título «No más justicia política», la organización comúnicó, en su cuenta de Twitter, que «el día de ayer el Senado aprobó el pliegue para que la Jueza Figueroa pueda votar en contra de las causas que buscan condenar a CFK, nosotros denunciamos a los 35 senadores cómplices por abuso de autoridad y violacion de deberes de funcionario público».
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«Siempre vamos a estar del lado de una justicia independiente, que no dependa de los politicos de turno», remarcó y agregó: «SERÁ JUSTICIA».
En la denuncia, la fundación aseguró que con esa decisión los 35 senadores «ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia, continuando con la estrategia defensiva de su condenada líder, Cristina Kirchner» y precisó que «en este caso, buscan retrotraer ‘contra legem’ la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta y sus secuaces».
La insólita situación que generó la aprobación del pliego de la jueza Figueroa
«Figueroa había alcanzado los 75 años sin que el Senado haya dado previamente su necesario acuerdo para mantenerla en el cargo, por lo que, siguiendo la letra de la Constitución Nacional, la magistrada había cesado de pleno derecho en el cargo al alcanzar la edad, ya que la única manera de mantenerse en el cargo es contar previamente con un nombramiento presidencial precedido de acuerdo del Senado», agregó.
«Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años», subrayó y recalcó: «La expresión ‘manp teneres definitoria en cuanto al criterio con el que debe ser interpretado el presente artículo». «Y ello es así, porque si el cese se ha previsto a los 75 años de edad, el nuevo nombramiento, precedido de acuerdo, ha de tener lugar antes de cumplir la edad límite», añadió.
Por lo tanto, dejó en claro que «no quedan dudas, en consecuencia, que lo que la Constitución exige es que tanto el nuevo nombramiento como el nuevo acuerdo se produzcan antes de que el magistrado llegue a los 75 años de edad. De lo contrario, no se hablaría de ‘mantener’, sino de restituir en el cargo».
