Acorralado por la presión social de las numerosas manifestaciones que se siguen multiplicando en todo Perú y ante una represión que ya causó unas 60 víctimas fatales, los legisladores peruanos buscarán este lunes acordar el adelantamiento de las elecciones presidenciales para 2023.
Vale recordar que la presidenta Dina Boluarte llegó al poder hace dos meses tras la destitución y detención de Pedro Castillo, cuyo mandato vencía en 2026. Por lo tanto, ese debía ser el período a completar por su sucesora. Sin embargo, ante las primeras revueltas admitió adelantar los comicios a abril de 2024, y ese proyecto avanzó en el recinto, pero sin que se llegara a aprobarlo.
Boluarte y un grupo de diputados de la derecha resisten un nuevo adelantamiento, ya que es altamente probable que no los beneficie electoralmente. La presidenta acusó a los manifestantes de querer “quebrar el estado de derecho”, a Castillo por la presunta creación de “grupos paramilitares” (así llamó a quienes encabezan las protestas) e instó al Congreso a ratificar las elecciones para el año próximo.
El viernes último, el Congreso rechazó una moción para que se hagan este mismo año, pero este lunes continuará el debate en un marco diferente: el sábado se registró la primera muerte por la represión en Lima, núcleo político, económico y electoral del país. Según confirmó la fiscalía el domingo, la víctima habría muerto por una herida en la cabeza causada por un «elemento contundente duro», elevando el número de muertos oficiales reconocidos a 58, aunque en el sur del país afirman que serían casi 70.
La posibilidad de adelantar los comicios puso en alerta a Boluarte, que el domingo emitió un mensaje con una amenaza política al Congreso: si no se reconsidera la decisión del adelantamiento, prometió presentar un proyecto de ley para una “reforma total” de la Constitución de 1993 luego de las elecciones.
Desde luego, Boluarte no tiene los votos para ello y es probable que tampoco los tenga como resultado de una votación (las encuestas muestran un amplio rechazo), pero la reforma es uno de los reclamos de los manifestantes y, con una estructura partidaria tan fragmentada, hoy es impredecible qué podría ocurrir al momento de los sufragios. Esa incertidumbre también inquieta a los legisladores, quienes podrían perder sus actuales posiciones.
