Esta semana el presidente Javier Milei anunció el inminente cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi), no solo como una medida de recorte presupuestario, sino que acusó al organismo de perseguir a opositores y de cercenar la libertad de expresión.
La medida fue duramente criticada por amplios sectores de la política y de la sociedad, pero también fue defendida por espacios y dirigentes que vienen reclamando su cierre desde hace muchos años.
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Entre los intelectuales que más denodada batalla ha dado contra el Inadi y otros organismos públicos que considera “cooptados por militantes kirchneristas”, se encuentra Darío Lopérfido, coordinador de la Cátedra Vargas Llosa y habitual columnista de Newsweek Argentina.
Respecto a la medida anunciada por Milei, Lopérfido fue taxativo: “Estoy a favor del anuncio del cierre del Inadi. Independientemente de lo que se hace con los organismos públicos, yo he pensado y escrito muchísimo en los últimos años sobre los organismos que se crearon y que terminaron siendo herramientas políticas del kirchnerismo o de los seguidores de algún tipo de política, y no cumplieron la función para la que estaban previstos”.
En efecto, sostiene que el debate no es solo político, sino conceptual: “El Inadi tiene funciones que se superponen con algo fundamental: si alguien sufre un acto de discriminación, de xenofobia o de racismo, puede ir a la Justicia, que es la que está para penalizar conductas impropias y defender a las víctimas. Por lo tanto, no puede decirse que a partir de ahora esas víctimas queden desprotegidas. El lugar natural es la Justicia; incluso hay también otras áreas del Estado desde donde se puede proteger a las personas que sufren algún tipo de discriminación, como la Secretaría de Derechos Humanos”.
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Pero más allá de esa discusión, insistió en que el problema central es la utilización partidarios de los organismos públicos. “El tema es que el Inadi, como muchos otros organismos del Estado, están completamente desvirtuados. Por empezar, tienen una estructura enorme, porque es una estructura de militantes. Por la cantidad de empleados y de filiales, es claro que allí entraron militantes kirchneristas o de las causas identitarias que ahí se reivindicaban”, denuncia.
“¿Es justo que con el dinero público, los fondos del Estado, queden cooptadas áreas completas para defender una agenda política o para sostener la militancia de un sector, en este caso el kirchnerismo? No. No es justo y no es lógico”, enfatizó.
Siguiendo esa línea, cargó fuertemente contra quienes se oponen al cierre, afirmando: “Los que lamentan ahora el cierre del Inadi, deberían haber protestado cuando sosteníamos que se utilizaba como un aguantadero de militantes y para perseguir al que pensaba distinto. Se violentaba y se atacaba la libertad de expresión. Todos estos que ahora dicen que se está deprendando el Estado y defienden a un organismo que fue nefasto en su funcionamiento, se tendrían que haber quejado antes, cuando se veía día a día su decandencia”.
Desde luego, no dejó de hacer mención a su extitular Victoria Donda y a las reacciones del progresismo cuando se produjo aquella polémica por la denuncia de su empleada doméstica, quien la acusó de no tenerla registrada de manera formal y luego intentar evitar un juicio ofreciéndole algún cargo público en el organismo. “Basta recordar que estuvo a cargo Victoria Donda, que mientras hacía discursos acerca de la defensa de no sé quién, tenía a la empleada doméstica sin aportes y le ofrecía pagarle con dinero público para que vaya a limpiar a su casa. La reina de la discriminación estaba a cargo justamente de ese organismo. Y no escuché a los que se autodenominan ‘progresistas’ criticando en ese momento”, ironizó.
“Tampoco los escuché cuando se perseguía a opositores y se les hacían denuncias por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Desde el Inadi no escuché a los presuntos progresistas decir nada del escándalo de dinero público, usado para beneficio militante, dilapidado en un país que tiene a más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza”, consideró Lopérfido.
En ese mismo sentido, insistió en que este y otros organismos similares deben ser cerrados. “Este derroche del dinero público también sucede en otras áreas del Estado, que yo también creo que tienen que tener recortes muy grandes o directamente deben ser cerrados, porque es una vergüenza que la política viva de los impuestos de los pobres, que los políticos vivan de armar sus aparatos políticos metiendo gente en el Estado para que milite y hacer negocios con el dinero de los impuestos de la gente”, opinó.
Y concluyó con una exhortación al propio Milei: “Celebro esta medida y espero que se cumpla. Que no termine con un cambio de nombre o algo así, sino que se aplique tal cual la anunciaron. Además, era algo que habían prometido en campaña y marca un cambio de época”.
