Por Horacio Minotti (*)
Resulta casi una obviedad que a esta altura el crimen organizado, y especialmente el narcotráfico, es la causa fundamental de la interminable ola delictiva que tiene en vilo a los argentinos. Los robos, sobre todo los violentos, son realizados por personas que necesitan el dinero para adquirir drogas o que están bajo los efectos del consumo.
Desde ese punto, y en las direcciones diversas que puedan tomarse, esos hechos terminan en una organización delictiva de alto volumen. Incluso los delitos cometidos dentro del ámbito de los hogares, como la violencia contra las mujeres, tiene un componente relacionado con el consumo problemático.
En los barrios donde los narcos han tomado el control territorial, se ha generado un Estado paralelo, con otras reglas, diferentes a la de los ciudadanos comunes, donde el que participa de las actividades de narcotráfico forma parte de la élite dominante que administra justicia internamente y tiene una lógica y una escala de valores totalmente diferente a las del Estado de Derecho y a las costumbres sociales del afuera. El valor vida pasa a ser relativo, la violencia es el modo de dirimir conflictos. En ese submundo, el que participa de las actividades delictivas, adquiere bienes de confort, tiene reconocimiento social, se hace de prestigio.
Ese submundo colisiona con el afuera, conviven dos culturas diferentes en el mismo espacio territorial. Cuando aquellas personas inmersas en el mundo del narcotráfico, en el nivel que sea, salen al exterior de sus territorios matan sin piedad, por un celular que, vendido en el mercado negro, puede representar un par de pitadas de “paco”.
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De este modo, el combate al narcotráfico pasa a ser una política de Estado clave para el futuro de los argentinos. Ya no basta con creer que uno, al no consumir, tener un trabajo honesto y un entorno sano, está alejado del problema, porque incluso así, puede terminar con un cuchillazo en el pecho hoy o mañana.
Atacando las organizaciones criminales, ocupando sus territorios con fuerzas de seguridad, decomisando su mercancía, complicando los sistemas de lavado de dinero que los habilita a disfrutar de lo producido por el delito, el narcotráfico retrocede, se ve obligado a reorganizarse, a buscar nuevos refugios para sus actividades.
Mientras tanto, un buen sistema de inteligencia criminal, un sistema penitenciario eficiente, el diseño de cárceles especiales de aislamiento para jefes narcos y algunas medidas más, complican su reorganización y le da tiempo al Estado a establecer sistemas de contención social para aquellos que delinquen producto de su adicción.
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Todo ello requiere, exclusivamente, decisión política. Nuestro país todavía no es Colombia en los años ’90. Puede evitarse llegar a ese estadio. ¿Por qué no se hace? Bueno, es un delito corruptor, maneja mucho dinero, en muchos casos han infiltrado fuerzas de seguridad, sectores del poder judicial y especialmente sectores políticos a los que financian.
Y en dicho marco, dado que es evidente que quien tome tales medidas tendría un fuerte apoyo de una sociedad que está atemorizada por los altos niveles de violencia callejera, resulta por demás extraño que dos de los principales candidatos a la presidencia de la Nación no hablen del tema.
Respecto a Sergio Massa, uno podría explicarlo considerando el absurdo: cómo sostendría que va a hacer algo que no hizo en toda su gestión. Cómo, además, contendría los votos del kirchnerismo y el apoyo de La Cámpora, si la ideología que los rige es la que ha facilitado el crecimiento del narcotráfico los últimos 20 años.
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Posiblemente, Massa este impedido políticamente, tanto de hablar como de accionar sobre el tema. A la sazón, el peronismo maneja una base electoral a la que controla mediante el uso político de la miseria y la marginalidad de la que el consumo de drogas forma parte. Más hambre, más cerebros destruidos, más votos. Todo ello, sin considerar la posibilidad de que muchos barones del Conurbano tengan una relación directa o indirecta con las bandas narcos que habitan sus reductos territoriales y a las que, curiosamente, jamás han combatido.
Pero tampoco Javier Milei habla de narcotráfico. De hecho, no habla del delito ni de la violencia callejera. Su candidata a vicepresidente, Victoria Villarruel, a la que aparentemente ha derivado el desarrollo de políticas de seguridad, no exhibe una sola idea al respecto, ni tiene tampoco un diagnóstico sobre la situación que pueda hacer suponer que, en algún momento, diseñará medidas para tomar.
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Es probable que no tengan ni idea de qué hacer. Al cabo, La Libertad Avanza es un fenómeno nuevo, de extraño crecimiento exponencial en muy poco tiempo y su líder es un economista sin demasiada historia por fuera de los sets televisivos. El grupo político que se ha armado a su alrededor está compuesto de excedentes de baja calidad de las agrupaciones más tradicionales, un par de terraplanistas, economistas pasados de moda, y eso sí, montones de trolls en redes sociales de entre 20 y 300 seguidores. Eso, claro está, no es un equipo de gobierno.
Milei puede ganar, pero no puede hacer nada más. La complejidad de los problemas argentinos no puede ser resulta por una sola persona, sin equipos, que además tiene un conocimiento sesgado de una sola temática.
La delegada de la problemática de la seguridad en el espacio, la mencionada Villarruel, tiene como único antecedente la defensa y conocimiento íntimo de los militares del Proceso genocida de los años 70/80; pero llevarle un lemon pie a Jorge Videla no otorga conocimientos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Es abogada la postulante a vicepresidente, pero eso tampoco otorga conocimientos en materia de seguridad; y, además, no se le conocen actuaciones ejerciendo su profesión que permitan suponer que, al menos, tiene alguna experiencia en la observación del funcionamiento de la delincuencia. En realidad, no se le conoce ninguna actividad profesional.
No hay motivaciones para especular sobre algún grado de complicidad de LLA con el negocio narco, pero no caben dudas que el nivel de desconocimiento de la problemática y la falta de mención en su esquema discursivo hacen suponer que, de imponerse en la lid electoral, la problemática se agravará a niveles mexicanos.
Por otro lado está Patricia Bullrich. Exitosa y experimentada ministra de Seguridad en la gestión de Mauricio Macri. Los índices delictivos durante su paso por la cartera se redujeron sustancialmente y si el expresidente hubiese podido reelegir y las políticas de Bullrich se hubieran prolongado en el tiempo, hoy la seguridad ciudadana tendría otro color.
Las políticas públicas son eficientes cuando se prolongan en el tiempo y una simple proyección de cuatro años más de, por ejemplo, la reducción de los homicidios que logró la candidata presidencial en su gestión, llevan a suponer que hoy, viviríamos con mucho menos miedo.
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Parece ser la hora de retomar ese camino y debe hacerse con alguien que sepa cómo. Incluso en el remoto e hipotético caso de que cualquiera de los otros candidatos tuviese la capacidad de alcanzar algún que otro logro en materia económica, eso no va a impedir que sigamos temblando cada vez que nuestros hijos no están en casa. Que no tengamos que seguir mirando hacia atrás cuando andamos por la calle, que no nos maten con un Tramontina por un teléfono de veinte mil pesos.
Si bien en las encuestas el problema de la inseguridad aparece segundo en las mediciones de opinión pública, muy cerca de la economía, nadie parece prestarle mucha atención al momento de votar. Hasta que nos transformamos en víctimas, claro; nosotros o nuestros seres queridos. Tal vez sea tiempo de ordenar las prioridades.
(*) Periodista, escritor y abogado
