La Coalición Cívica presentó un proyecto que busca la «transparencia y la supresión de honores» de los legisladores luego del aumento de sueldo que los senadores votaron a mano alzada.
La iniciativa abarca a «los diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso de la Nación en el ejercicio de sus funciones públicas» y «establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño».
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También pone el foco en «las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses, las respectivas sanciones por su incumplimiento y la supresión de todo tipo de honores o privilegios en su calidad de representantes y funcionarios del Poder Legislativo» por lo que los principales puntos son: la «dedicación exclusiva, cláusula anti nepotismo, presentación y publicación de sus declaraciones juradas patrimoniales».
Para llevarlo adelante, propone la creación de un «Código de Ética» elaborado por las Comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos de ambas Cámaras del Congreso, el cual debe contar con: declaración y publicación de intereses en relación con el trabajo en las Comisiones y las votaciones en el recinto; b) uso de la propiedad pública; c) regulación precisa de vinculación con personas vinculados al cabildeo o lobbying; d) reglas de comportamiento y respeto; e) presentismo; y, f) procedimientos y sanciones para garantizar el cumplimiento de este código.
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La dedicación exclusiva de los legisladores tiene que ver con determinar incompatible cualquier otra actividad privada o cargo público con excepción de la docencia.
En cuanto a la cláusula anti nepotismo busca establecer el requisito de idoneidad funcional, lo cual signfica que «si promueven la designación, bajo cualquier modalidad, de una persona con la que posean un vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, o de su cónyuge o conviviente, deberán acreditar la idoneidad del postulante para el ejercicio de la función».
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«En el caso de los funcionarios alcanzados tuvieren una actividad comercial paralela, la misma deberá encomendarse a un fideicomiso ciego», agrega.
Sobre las declaraciones juradas, los legisladores deberán presentarla en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respectiva de la Cámara. Además tendrán que dar a conocer una declaración jurada de intereses en los treinta días hábiles desde que se produce el comienzo de su función o de que asumen en su cargo. Esa información deberá actualizarse de forma anual y a su vez, habrá que presentar una última declaración dentro de los treinta días hábiles desde la fecha en la que dejen su labor.
Acerca de la supresión de privilegios y honores, «quedan suprimidos y prohibidos todos los privilegios o beneficios que no cumplan estrictamente una función relevante o esencial para el legislador: se suprime el uso de vehículos oficiales, la emisión de pasaportes oficiales salvo para viajes oficiales con la fecha de inicio y finalización respectiva».
Para concluir, la iniciativa «promueve que cuando se tenga el orden del día para las sesiones legislativas, los diputados y senadores, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, deberán comunicar a sus respectivas Cámaras los intereses privados que tengan en relación a los proyectos incluidos en la sesión».
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