La muerte de 52 personas por el consumo de fentanilo adulterado se convirtió en una de las mayores tragedias sanitarias del año en Argentina. Detrás de esta catástrofe se esconde una trama que involucra contrabando, sobrefacturación, posibles vínculos narco y destrucción de pruebas, con epicentro en el laboratorio HLB Pharma–Ramallo.
La Justicia investiga si esta empresa no solo distribuyó ampollas contaminadas, sino que también montó una red de producción y exportación ilegal desde la Triple Frontera.
La planta clave de esta operación se habría instalado en Ciudad del Este, Paraguay, en el llamado “Complejo Empresarial Global”, equipada con maquinaria importada de China a través del régimen SIMI durante el gobierno de Alberto Fernández. Aunque la compra de equipos —por más de 4,5 millones de dólares— se registró como destinada a Argentina, las máquinas terminaron directamente en Paraguay, violando las condiciones del régimen de importación y generando sospechas de lavado de dinero y contrabando agravado.
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La Dirección General de Aduanas ya había denunciado en 2023 una sobrefacturación del 907 % en esas operaciones. Declaraban montos mucho mayores para acceder a más dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior, especialmente a una cuenta bancaria en Panamá. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N.° 2, donde se investiga si esta maniobra, liderada por una empleada identificada como “Raquel”, constituyó una operación deliberada para fugar divisas sin control.
Pero los vínculos del laboratorio van más allá de lo económico. El mayor de los hermanos propietarios, Ariel García Furfaro, tiene antecedentes penales por intento de homicidio y contactos que lo conectan con el mundo narco.
Purgó condena en la Unidad 9 de La Plata y luego se relacionó con el laboratorio Apolo de Rosario, implicado en la causa de la efedrina y vinculado al «rey» de ese tráfico, Mario Segovia. Varios operarios de HLB también provienen de Rosario, por lo que se investiga una posible conexión con el clan Cantero.
Las sospechas también apuntan a un encubrimiento deliberado por parte de la empresa. Un video filmado el 12 de mayo en la sede de San Isidro muestra oficinas destrozadas, expedientes desparramados y una pintada que reza: «100 familias sin laburo».
Como siempre, la Justicia llega tarde. 3 días antes del allanamiento al laboratorio por la causa del fentanilo, no dejaron ni medio rastro. Adiós a las pruebas. Adiós a los culpables. pic.twitter.com/eqnog6CmEW
— Gonzalo (@gonziver) July 1, 2025
Empleadas relataron que ese sector contenía los registros de control de calidad de las ampollas contaminadas, lo que refuerza la hipótesis de un intento de destruir pruebas antes de los allanamientos del 15 de mayo ordenados por el juez Ernesto Kreplak.
En paralelo, el laboratorio denunció una extraña entradera en la que habrían desaparecido cajas fuertes que contenían citrato de fentanilo, según información de la Sedronar. La Justicia sospecha que se trató de una maniobra para ocultar evidencia, mientras que cuatro camiones identificados con la marca Tres Arroyos retiraron mercadería de las sedes de San Isidro y Ramallo hacia un depósito en General Rodríguez que no fue inspeccionado.
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El escándalo involucra además viajes frecuentes de los García Furfaro junto a un empresario español y un guatemalteco representante de maquinaria china, además de una llamativa fotografía de Ariel García Furfaro con el expresidente paraguayo Horacio Cartes, investigado por lavado en Estados Unidos. Todo indica que la red tenía ramificaciones internacionales y que parte de la estructura funcionaba en la Triple Frontera, una zona crítica para el narcotráfico global.
Con preguntas aún sin respuesta —como quién autorizó las SIMI, si hubo uso de fondos públicos para comprar medicamentos del grupo y qué rol jugó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil— la causa sigue su curso con un objetivo claro: determinar si el fentanilo adulterado fue el resultado de una organización criminal encubierta bajo el disfraz de una empresa farmacéutica, que aprovechó regulaciones laxas, conexiones políticas y vacíos de control para montar una operación letal.
