El Gobierno avanza con la privatización de AySA: venta de acciones, supervisión estatal, modernización del servicio y foco en la inversión privada. ¿Cuáles son las claves?
El Gobierno oficializó esta semana el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal responsable del servicio de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales en el Área Metropolitana. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado, que representan el 90% con un mínimo del 51% destinado a un operador estratégico mediante licitación pública de alcance nacional e internacional.
Según el Gobierno, la privatización responde a la necesidad de asegurar “la continuidad de la prestación del servicio público”, que desde su creación ha dependido de una constante asistencia financiera del Tesoro Nacional.
De acuerdo a sus datos, entre 2006 y 2023, el Estado transfirió a AySA aproximadamente 13.400 millones de dólares, sin que ello lograra revertir su déficit ni mejorar de manera significativa su productividad.
La asistencia financiera, sostienen desde el Ejecutivo, no ha sido suficiente para garantizar una gestión eficiente ni la expansión de la infraestructura necesaria para atender a una población creciente: “Para mejorar la prestación del servicio(…) se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa” afirman.
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Tal como vienen resaltando desde la gestión, la decisión se inscribe dentro de un plan de reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.742, que establece criterios de privatización de empresas públicas y prioriza la eficiencia económica de los servicios bajo control estatal. Desde el Ejecutivo destacan “la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
El procedimiento definido contempla que el Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, coordine la tasación del paquete accionario a través de una entidad bancaria del sector público.
La licitación del 51% mínimo del paquete se realizará en un plazo máximo de ocho meses desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que las acciones remanentes se colocarán en mercados y bolsas del país. La operación será gestionada a través de la plataforma CONTRAT.AR, según lo dispuesto por el decreto 416/2025.
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Desde el Gobierno resaltan que la privatización no afectará la continuidad del servicio público. La regulación estatal se mantendrá, y la empresa concesionaria seguirá sujeta a las normas que aseguran la calidad técnica y la cobertura del servicio: “el Estado titulariza el servicio siendo el responsable de su planificación, regulación técnica, prestación y control”.
El Ejecutivo también plantea que la privatización permitirá atraer inversiones en infraestructura: “Se impone la necesidad de realizar importantes inversiones que ni AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. ni el ESTADO NACIONAL se encuentran en condiciones de llevar adelante con recursos propios, en un contexto de emergencia económica, la que fue declarada tanto por el artículo 1º del Decreto N° 70/23 como por el artículo 1º de la referida Ley N° 27.742”.
De esta forma, se plantea que sea como resultado de la inversión del capital privado que se garantice la mejora de la red de agua y cloacas, la expansión de cobertura y la eficiencia operativa, sin depender de fondos estatales. La privatización de AySA forma parte de una estrategia más amplia para reducir la estructura estatal, acelerar concesiones y obtener dólares a partir de ello, convirtiendo a las privatizaciones como una de las fuentes “genuinas” de ingreso de divisas.
La Fundación Pensar advierte por la falta de reformas estructurales en las empresas públicas
El Gobierno subraya que la privatización de AySA es un paso estratégico para mejorar la gestión de los servicios públicos sin comprometer la regulación estatal ni la calidad del servicio. La venta del paquete accionario mayoritario a un operador estratégico y la colocación de las acciones restantes en mercados locales buscan combinar flujo de capital inmediato, modernización tecnológica y sostenibilidad financiera del sistema.
Con esta medida, el oficialismo busca acelerar la transformación de empresas públicas. Según un informe de la Fundación Pensar, pese a que las transferencias del Tesoro Nacional cayeron 0,4% del PBI y el gasto consolidado de las empresas públicas se redujo un 40% en términos reales respecto de 2023, estos recortes no estuvieron acompañados de reformas estructurales: la mayoría de las empresas continúa operando de manera similar, aunque con menos recursos. Además, las transferencias siguen por encima de los niveles de 2019.
De las 41 empresas que la versión original de la Ley de Bases proponía privatizar, solo seis fueron incluidas en la ley aprobada. Hasta ahora, se privatizó IMPSA, se cerró DECAHF y otros casos, como Télam, se limitaron a un cambio de nombre (ahora opera como APE S.A.U.)
Corredores Viales, Intercargo y Belgrano Cargas, según la Fundación Pensar, son las empresas que hasta ahora muestran avances en concesiones, venta de acciones o liquidación de activos. A ellas se suma AySA, incorporándose al grupo de procesos más avanzados que el Gobierno espera concretar en el plazo de ocho meses.
