El proyecto propone eliminar las matrículas obligatorias y las contribuciones económicas a colegios profesionales. Las entidades de sociología lo rechazan por considerar que vulnera el federalismo, desfinancia funciones esenciales y pone en riesgo la calidad del ejercicio profesional.
Un proyecto de ley presentado por la diputada nacional Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, desató una fuerte polémica entre entidades profesionales de todo el país. La iniciativa propone eliminar las matrículas obligatorias y las contribuciones económicas que deben abonar los profesionales para ejercer sus actividades, lo que fue rechazado por colegios y consejos que alertan sobre un posible vaciamiento institucional.
Según el texto del proyecto, su objetivo es “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”.
El artículo 2° de la propuesta legislativa establece crear “el Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios en el ámbito del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE LA NACIÓN, en el que deberán inscribirse gratuitamente todos aquellos profesionales universitarios y no universitarios con título de validez nacional, para ejercer su profesión en todo el territorio de la República. Dicho Registro, reemplazará la matrícula obligatoria en los respectivos Colegios, Consejos, Asociaciones de profesionales y organismos análogos que regulen el ejercicio de la profesión”.
Además, el artículo 5° dispone de forma expresa: “Los Colegios, Consejos, Asociaciones de Profesionales y organismos nacionales no podrán imponer, bajo ninguna circunstancia, tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional. Cualquier tipo de aporte o contribución de carácter económico será voluntario”.
Entre los fundamentos del proyecto, la diputada Pagano sostiene que “la matrícula obligatoria es un requisito que, en la mayoría de los casos, impone cargas económicas considerables a los profesionales para poder ejercer su actividad”. Como ejemplo, menciona el caso de la abogacía en la Ciudad de Buenos Aires: “la matrícula tiene un costo de 2,6 UMA (que en enero de 2025 se estipuló en $67.632), lo que equivale a $175.800”.
El texto denuncia que “además del pago obligatorio a los colegios profesionales, existen tasas regulatorias adicionales, que dificultan aún más el ejercicio de profesiones en áreas especializadas”.
La respuesta no tardó en llegar. En un comunicado, las Entidades Profesionales de Sociología de la República Argentina manifestaron su “más categórico rechazo” a la propuesta legislativa. Según expresaron, el proyecto “pretende ‘desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios’ mediante la creación de un Registro Nacional en el ámbito del Ministerio de Capital Humano que sustituye la matrícula provincial obligatoria y vacía de competencias a los colegios y consejos profesionales”.
“El régimen colegiado está consagrado en legislaciones provinciales que reconocen la competencia local sobre el ejercicio profesional. Imponer un registro nacional único desconoce nuestra organización federal y vulnera las potestades constitucionales de las provincias”, afirman en el comunicado.
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Además, advierten que “la prohibición de cuotas y aranceles obligatorios priva a los colegios de los recursos con los que sostienen tribunales de ética, programas de actualización profesional, seguros, asesorías jurídicas y acciones de extensión a la comunidad. Ello implicará la paralización de tales servicios y una menor protección de la sociedad frente al ejercicio irresponsable o fraudulento de las profesiones”.
Respecto de los estándares de formación, las organizaciones sostienen que “la sociología —como toda disciplina universitaria— exige estándares formativos y deontológicos que solo pueden asegurarse mediante cuerpos colegiados que validan títulos, acreditan incumbencias y promueven la formación continua. Un registro administrativo carente de control profesional diluye esos estándares”.
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También apuntan contra la supuesta intención de avanzar en una mayor flexibilización del trabajo profesional: “Al suprimir la colegiación obligatoria se desarticulan espacios de representación colectiva que han defendido históricamente las condiciones de trabajo y los honorarios profesionales, exponiendo a miles de colegas a la competencia desleal y a la mercantilización extrema de la práctica sociológica”.
Por último, destacan el rol de los colegios en la defensa del interés público: “Los colegios no son meras ‘barreras burocráticas’: su función principal es resguardar a la ciudadanía garantizando que quienes ejercen una profesión lo hagan con idoneidad, responsabilidad social y sujeción a un código de ética”.
“Desmantelar ese sistema implica desproteger a la sociedad”, afirman.
En el cierre del comunicado, las entidades exigen “el inmediato retiro del proyecto» y solicitan “a los y las legisladoras de todas las bancadas su voto negativo”. Además, convocan “a los colegios y consejos profesionales de las restantes disciplinas, a las universidades nacionales y privadas, y a los centros de estudiantes de sociología a sumarse a este repudio”.
