Organizaciones de derechos humanos denunciaron a la Corte Suprema argentina ante la ONU y le solicitaron a la institución que lleve a cabo «un llamamiento urgente al Gobierno a fin de que tome acciones respecto de la actuación de la Corte Suprema y se requieran medidas para favorecer la independencia e imparcialidad en la conformación del Consejo de la Magistratura«.
En el texto se precisa que «esta situación regresiva en derechos humanos afecta gravemente a la independencia e imparcialidad de todo el sistema judicial federal, al volver a instituir como presidente del Consejo de la Magistratura a un juez de la Corte».
«El Consejo de la Magistratura se ha compuesto de forma irregular, por un fallo parcial, dictado por una Corte parcializada, que se ha manifestado en forma parcial e intencionada», sostiene la denuncia.
En consecuencia, los organismos de derechos humanos le solicitaron a la ONU que llame al Gobierno a «encauzar las discusiones parlamentarias que transitan andariveles distantes de las propuestas internacionales en la conformación de un Consejo de la Magistratura», y agrega que «es un fallo que beneficia a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, en regresión a los estándares de independencia e imparcialidad, y en eminente abuso de poder«.
Por lo tanto, las agrupaciones piden la nulidad del fallo debido a que «los jueces de la Corte Suprema debieron excusarse» porque tenían un interés directo en las consecuencias de una determinación que ellos mismos tomaron.
El texto fue presentado por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los cuales firmaron una presentación de la agrupación civil Abogados por la Justicia Social (AJUS), que denuncia a los cuatro magistrados que componen la Corte Suprema debido a la sentencia que restableció al número de 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, con el titular del máximo tribunal como presidente.
Por su parte, el Congreso analiza una iniciativa para cambiar el Consejo de la Magistratura, cuyo tratamiento se encuentra frenado por no contar con los votos requeridos para su sanción. Acorde con la denuncia, eso podría hacer que el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una ley que estuvo vigente por 15 años, lleve a «la conformación de un Consejo de la Magistratura ‘a la carta’, poniendo en riesgo el estado de derecho y al propio sistema democrático de la República Argentina«.
Fuente: www.noticiasargentinas.com
