Por Miguel Saredi (*)
En cada proceso electoral reaparece con fuerza una vieja estrategia: instalar la inseguridad como el gran tema de campaña. Se agita el miedo, se polariza el debate y se construyen candidaturas sobre la base del enojo social. Lo hemos vivido muchas veces. Pero en este presente tan crítico, el fenómeno se vuelve aún más insoportable.
Porque ya no se trata solo de discursos duros o spots provocadores. Hoy la inseguridad se transforma, en manos de ciertos sectores, en un instrumento de manipulación política.
Patricia Bullrich, José Luis Espert y otros referentes construyen su capital electoral a partir de frases de impacto, recetas simplistas y promesas de mano dura. Mientras tanto, los municipios seguimos enfrentando solos una realidad que ellos usan como bandera pero que no conocen en profundidad.
Lo verdaderamente grave es que este uso electoralista de la inseguridad no tiene como fin resolver el problema, sino explotarlo. Se alimenta el miedo, pero no se ofrecen soluciones reales ni se fortalecen las capacidades locales. La seguridad no mejora con más discursos, sino con más coordinación, más cercanía y más recursos en el territorio.
La inseguridad no necesita más relato. Necesita decisiones. Pero las decisiones no llegan desde el Gobierno nacional, que cada vez se retira más del rol que le corresponde. No hay una política federal de seguridad. No hay una mesa de trabajo real con intendentes, gobernadores y fuerzas federales. No hay inversión sostenida en prevención. Y lo más preocupante: no hay una visión de conjunto.
Baja de la edad de imputabilidad: otra vez la respuesta demagógica
Desde hace años venimos denunciando el retroceso del Estado nacional en esta materia. Nos enfrentamos a un modelo de país donde la Nación se desentiende, mientras los municipios asumen el costo político, humano y financiero de la inseguridad.
Los gobiernos locales son los que dan la cara ante cada delito, los que contienen a las familias, los que patrullan con recursos propios, los que instalan cámaras, compran móviles, capacitan personal y ponen en funcionamiento centros de monitoreo. Y aun así, lo hacen con herramientas limitadas y muchas veces sin marco legal que los respalde.
Esta descoordinación entre niveles de gobierno no es solo ineficaz: es peligrosa. Porque frente a una ciudadanía desesperanzada, los espacios vacíos que deja el Estado son ocupados por soluciones mágicas, por discursos punitivistas, por candidatos que prometen lo imposible. Así, la inseguridad se convierte en el telón de fondo de campañas cada vez más violentas y menos democráticas.
La otra cara de la inseguridad: miedo, descoordinación y municipios sin poder
A pesar de todo nos hacemos cargo: los municipios tenemos un rol que cumplir. Estamos en el territorio, conocemos a nuestros vecinos, entendemos los conflictos reales. Pero no podemos ni debemos ser los únicos responsables. Reclamamos, una vez más, una mesa federal de seguridad, donde se escuche la voz de los intendentes y donde se asuma que sin cooperación real no hay salida posible.
La inseguridad electoral es, en definitiva, una señal de alarma para la democracia. Porque cuando la política deja de construir soluciones colectivas y empieza a jugar con el miedo de la gente, lo que está en riesgo no es solo la seguridad, sino también el futuro.
(*) Abogado y especialista en seguridad.
