Mails oficiales, sorteos públicos y familias esperando con el crédito aprobado; aún así, el Gobierno les quitó las viviendas del Procrear y se las entregó a las fuerzas federales. Ahora Milei, Bullrich y Caputo enfrentan una denuncia penal por defraudación e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
El abogado Leonardo Hernán Martínez presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich y el secretario de Vivienda y Hábitat, por la reasignación de 160 viviendas del plan Procrear. Las unidades fueron entregadas a miembros de las fuerzas de seguridad, pese a que ya habían sido adjudicadas mediante sorteo público en noviembre de 2023.
“Los delitos son defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, artículos 173 y 611 del Código Penal, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, artículo 249. Son los mismos delitos para las cuatro personas denunciadas”, explicó Martínez en diálogo con Newsweek Argentina.
La denuncia se sustenta en documentación oficial que da cuenta de las irregularidades y arbitrariedad del proceso adjudicatario. “Las pruebas son el sorteo del Procrear del 24 de noviembre del 2023, que fue televisado y público. También los mails que recibieron los adjudicatarios, donde se les informaba que habían salido beneficiados. Algunos tienen incluso el crédito aprobado del Banco Hipotecario y la tarjeta de débito”, detalló el abogado.
Según Martínez, hubo una cadena de decisiones políticas que terminaron dejando a las familias fuera del plan. “Primero el presidente, a través de un decreto, deroga el plan Procrear. Ese decreto lo firma Milei con el ministro Caputo. Después, Bullrich firma un convenio con el Ministerio de Economía, mediante el cual le traspasan esas viviendas al Ministerio de Seguridad. Lo que no sabemos es cómo se las adjudicó a la Fuerza. No hay información pública sobre eso”, afirmó.
Además, remarcó que no existe ningún acto administrativo que informe formalmente a las familias que perdieron su condición de adjudicatarios.
El caso en Comodoro Py y los amparos en trámite
La causa está radicada en el Juzgado Federal N° 9, actualmente subrogado por el juez Sebastián Ramos. El fiscal a cargo es Ramiro González. Sin embargo, el abogado se muestra escéptico sobre el avance del expediente.
“En Comodoro Py no tengo nunca expectativas. Hay jueces malos y muy malos. No hay ninguno bueno, a mi criterio”, dijo.
Antes de acudir a la vía penal, Martínez ya había iniciado siete amparos individuales. “Nos vinieron a ver siete personas a principios de 2024. Empezamos acciones de amparo con medidas cautelares, pidiendo que se les entregarán las viviendas. Pero la Justicia dilata, dice que es un tema político, y discute la competencia. En el medio de todo eso, se las adjudican a la Fuerza. Por eso presentamos la denuncia penal”, contó.
Denuncia Bullrich y Otros by Agostina Carlesso
Concretamente, a estas personas les debían haber entregado esas propiedades pero por la derogación vía decreto, no se entregan y en el medio del proceso se le adjudican a la fuerza de seguridad, sin información clara sobre el criterio.
“Nosotros lo que pedimos, como una de las pruebas, es que se les pida el convenio a ambos ministerios y que después se vea en qué forma las asignó el Ministerio de Seguridad. No hay información pública de por qué, a partir de la firma de este supuesto convenio nuevo del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Economía, se elige a determinadas personas que pertenecen a la Fuerza para ser beneficiarios de esas propiedades que ya estaban adjudicadas”, explica.
Más de 160 damnificados
Hasta el momento, cinco personas firmaron la denuncia penal, pero el universo afectado es mayor. “Hay siete amparos en curso y cinco denuncias penales firmadas. Pero los damnificados totales son 160. Me siguen contactando más personas, seguramente se sumen”, indicó Martínez.
El abogado apunta también contra la estrategia del Poder Ejecutivo: “Tenemos mails donde les respondían a los adjudicatarios diciendo que había que esperar, que no había normativa. Para mí fue una forma de dilatar, porque ya tenían planes. Eso es lo que pienso yo”.
Incluso menciona un episodio puntual: “Hay un video donde familiares de un gendarme increpan a Bullrich. Le dicen que sus hijos viven con ellos porque no tienen vivienda, y ella les responde que les iban a dar viviendas del Procrear. Por eso calculo que esto fue parte de una maniobra”.
“El objetivo de la denuncia penal es establecer si hubo un delito y que se sancione. La solución de fondo se está viendo por los amparos. Y tengo entendido que paralelamente se está preparando una demanda colectiva por los 160 damnificados”, concluyó Martínez.
