En medio de la tensión creciente entre el Gobierno y el Congreso, el PRO busca posicionarse como un espacio opositor que combine la disciplina fiscal oficialista con propuestas de reforma estructural. Frente a un paquete de leyes que busca responder a demandas urgentes pero con fuerte impacto en el gasto público, la Fundación Pensar optó por diferenciarse tanto de la oposición como del oficialismo: critica las soluciones “coyunturales” y ofrece alternativas que, asegura, apuntan a resolver de raíz los problemas del sistema previsional, la inclusión de personas con discapacidad y la distribución de recursos federales.
El informe de Pensar Argentina para agosto se detiene en un punto central: el Congreso tomó protagonismo con una serie de proyectos de ley que, de ser aprobados y promulgados, representarían una presión de casi dos puntos del PBI sobre las cuentas públicas en 2026. La respuesta del oficialismo fue recurrir al veto, una herramienta constitucional que, como advierte Silvia Lospennato en el documento, es siempre un reflejo del fracaso del diálogo político.
“El veto siempre representa el fracaso del diálogo entre estos dos poderes del Estado y la imposibilidad del gobierno de construir apoyos legislativos para evitar el avance de leyes que estén a contramano del plan de gobierno”, dice.
En este sentido, subrayan que “el gobierno está afrontando las consecuencias de haber evitado la sanción de un presupuesto que ordenara las prioridades del gasto y que obligara (al menos a quienes lo hubieran acompañado) a no hacer propuestas legislativas que lo alteraran durante el año de su vigencia sin indicar el origen de los fondos, tal como indica la Ley de Administración Financiera. No puede exigirse ese requisito si no hay una ley sancionada”.
Ante este escenario y en un contexto donde se plantea la renovación del Congreso por las elecciones legislativas, plantean que el PRO elige un camino distinto y no se limita a votar en contra ni a acompañar parcialmente las iniciativas, sino que prefiere elaborar alternativas que lo posicionen como el espacio con capacidad técnica para proponer reformas de fondo.
Los proyectos en agenda implican “una presión sobre el gasto del 1,98% del PIB para 2026. Para ponerlo en perspectiva, el superávit financiero en 2024 fue del 0,30% del PIB”, según Pensar.
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Jubilaciones: sancionada y vetada
El Congreso aprobó una nueva moratoria previsional y aumentos en los haberes y los bonos, medidas que implicarían un costo de 1,57% del PBI para 2026 y de 0,69% en 2025. El PRO rechazó el proyecto y afirmó que “las moratorias no resuelven el problema de nuestro sistema jubilatorio. Son apenas un parche que mantiene en marcha un esquema roto”.
Como alternativa plantean una prestación básica universal, equivalente a la actual PUAM, garantizada para quienes lleguen a la edad jubilatoria sin otro ingreso, y una prestación proporcional, calculada en función de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, actualizados por salarios y convertidos en haber mensual con un factor actuarial.
“Hoy apenas 1,8 trabajadores activos sostienen a cada jubilado, cuando el mínimo de equilibrio es 3 a 1. El estancamiento del empleo formal desde 2011, la elevada presión impositiva y la conflictividad judicial frenan la creación de empleo registrado y ponen en jaque al sistema previsional.”
Discapacidad: sancionada y vetada
Otro de los proyectos que obtuvo amplio respaldo parlamentario fue la Emergencia en Discapacidad. La norma busca ampliar financiamiento a pensiones no contributivas y asistencia a prestadores, con un costo estimado de 0,51% del PBI en 2026 y de 0,28% en 2025. Sin desconocer la urgencia del sector, cuestionan el carácter transitorio de la medida y proponen una hoja de ruta distinta: actualización automática por IPC de las prestaciones, agilización de pagos e incentivos a la inclusión laboral.
Datos de la fundación: solo el 13% de las personas con discapacidad acceden a un empleo formal.
Financiamiento universitario: media sanción en Diputados
El proyecto retoma una iniciativa similar a la vetada por el Presidente el año pasado, cuyo objetivo es ampliar la transferencia de fondos, mejorar los salarios y reabrir las negociaciones paritarias. El costo es relativamente bajo, proyectado en orden del 0,02% del PBI en 2026.
Emergencia pediátrica: media sanción en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias nacionales por dos años; se plantea la reasignación de partidas y la utilización de las reservas previstas para emergencias sanitarias. El gasto proyectado es de 0,02% del PBI en 2026 y de 0,01% en 2025.
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Aportes del Tesoro Nacional: media sanción en el Senado
En materia de federalismo fiscal, el PRO sí planteó diferencias. El Senado aprobó un proyecto que convierte los aportes del Tesoro Nacional en transferencias automáticas. El PRO propuso un camino alternativo: que solo se repartan automáticamente los excedentes no utilizados al final de cada ejercicio. El valor fiscal estimado es del 0,10% para 2026 y de 0,05% para 2025.
Impuesto a los combustibles: media sanción en el Senado
El otro capítulo de la pulseada federal se juega con el impuesto a los combustibles líquidos. El proyecto original establece la eliminación de seis fideicomisos y fondos nacionales y plantea que los recursos asignados a estos instrumentos se coparticipen con las provincias bajo el mismo esquema que los ATN. El costo fiscal para 2026 es de 0,14% y para 2025 de 0,07%.
El presupuesto nacional como puente entre el Gobierno y el Congreso
El informe concluye que en septiembre «con el envío de la ley de Presupuesto el gobierno tiene la posibilidad de encauzar muchos de estos debates haciendo lo que elude hace dos años que es acordar las prioridades del gasto con el poder del Estado que constitucionalmente debe aprobarlos, el Congreso».
A modo de cierre, el informe resalta que «un Presupuesto sin déficit fiscal será una señal de fortaleza para cualquier programa económico y por ende es un debate complejo pero inevitable si queremos que el cambio genere confianza y la confianza el desarrollo de nuestro país que todos anhelamos”. Del mismo modo, advierten que «es más sencillo ordenar el equilibrio fiscal en base a decisiones discrecionales, pero éstas aunque puedan resultar más eficaces en el corto plazo, son siempre provisionales y no suplen la falta de acuerdos».
