Por Rolando Klempert
Para el diputado nacional Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, el Gobierno de Javier Milei ha decidido intencionalmente “maltrata” a las personas con discapacidad” y a sus familias, no solo por los recortes en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las pensiones correspondientes, sino también por la imposición de burocracias imposibles de cumplir y un discurso insensible.
En una charla con Newsweek Argentina, el exministro de Desarrollo Social aseguró además que es “absurdo” que el Ejecutivo se niegue a cumplir una ley ya promulgada, como es el caso de la Ley de Discapacitada, vetada por Milei y ratificada por el Congreso. En ese sentido, advirtió que muy pronto será la Justicia la que obligue al Gobierno a ponerla en marcha.
Finalmente, se refirió también al escándalo por las presuntas coimas en la Andis, conocido como “CoimasGate”, y adelantó que en poco tiempo más los diputados constituirán una comisión investigadora de esos posibles delitos, tal como ya ocurre con los casos “$Libra” y “fentanilo”.
¿Cómo evalúa usted el avance de la causa por las presuntas coimas en el área de discapacidad? ¿Se está siguiendo desde la comisión que preside en Diputados?
– No, la verdad es que no tengo idea de la causa, porque la investigación la está llevando adelante la Justicia. Lo que sé y puedo decir es por lo que leo en los diarios. Yo fui ministro de Desarrollo Social y recién ahora estoy presidiendo la Comisión de Discapacidad. No puedo opinar sobre la causa porque no la conozco en detalle.
Pese a eso, usted sí se refirió recientemente al tema de las presuntas coimas y dijo que le parecía “una vergüenza”.
– Eso sí, absolutamente. Para ser claro, el mismo día que salieron a la luz los audios hubo una reunión de acompañantes terapéuticos pidiéndole a la Andis pasar de cobrar $2.900 la hora a $3.100, es decir, un aumento de $200… Horas que luego iban a cobrar a 180 días. Estos profesionales no lograron esto. ¿Qué tienen que pensar ellos cuando escuchan que se cobraban coimas de US$ 500.000, de US$ 800.000, que mandaban plata acá, allá, que había kiosquitos de US$ 20.000, de US$ 30.000…? Es terrible.
¿Cree que el Congreso finalmente va a conformar una comisión investigadora, como hizo en el “Caso $Libra”?
– Varios diputados ya lo presentaron. Ya está funcionando la comisión de “Caso $Libra”. La segunda que va a funcionar es la del caso del fentanilo. Esta sería la tercera, pero falta tratarla en el recinto. El pedido formal está hecho.
Por su rol en la Comisión en Discapacidad, ¿conoció a Diego Spagnuolo, titular de la Andis? ¿Trabajó con él sobre algún tema?
– Sí, de hecho, cuando pusimos en marcha la comisión fui a verlo, y después fuimos con la comisión, que está compuesta por dirigentes de diversos partidos. Todos fuimos a verlo a la Andis. Ya en ese problema, hace un año y medio, había problemas porque estaba el nomenclador. Ya en ese momento le estábamos planteando temas muy serios.
¿Y qué impresión se llevó de él?
– No, la verdad que no sé… Después de eso lo citamos varias veces y ya no vino nunca a la comisión. Lo que nosotros tratamos es de que las cosas funcionen. Me parece que lo que tiene que quedar como regla para el futuro es que la persona que se encargue de discapacidad, sea de este Gobierno o del partido que sea, tiene que ser alguien que tenga algo de humanidad, vínculos con las familias de los discapacitados, alguien a quien le duela el dolor del otro. En turismo u otra área se puede tener a alguien sin humanidad, pero no en discapacidad. Lo que nos tiene que dejar como enseñanza lo que estamos viviendo es que el próximo gobierno, sea del signo que sea, crea en el mercado o en el Estado, tiene que poner en el área de discapacidad a gente que tenga vínculos, que entienda cómo viven las familias.
¿Se refiere a las declaraciones que hizo Spagnuolo cuando le dijo a una madre que “el Estado no tiene la culpa de que su hijo fuera discapacitado”?
– Y a los niveles de recorte. Este Gobierno recortó 110.000 pensiones, de las cuales 90.000 se cortaron por un tema de domicilio, o sea que nunca les llegó la carta documento. Decidió hacer mal, maltratar a las personas con discapacidad y sus familias, que recorren 200 kilómetros, que hacen horas de cola, al que tiene ceguera de nacimiento le piden doscientos mil trámites. Ha habido claramente un maltrato.
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Más allá del “CoimaGate”, de los allanamientos a prestadores y funcionarios de la Andis y del escándalo público, estas últimas semanas el tema “discapacidad” sobró gran relevancia porque el Gobierno se niega a ejecutar la Ley de Discapacidad votada y ratificada por el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei. ¿Cuál es su visión sobre el tema?
– El Gobierno vetó la ley. Nosotros rechazamos el veto con más de dos tercios de los diputados y de los senadores. El Gobierno la promulgó, porque era su obligación. ¿Qué pasa? En el primer artículo la promulgó, pero en el segundo la suspendió diciendo “díganme de dónde saco el presupuesto”. Es algo absurdo e inconstitucional. Es la primera vez en la historia que alguien promulga una ley y no la pone en marcha. La situación es desesperante para las familias. Ahora hay tres caminos. El primero, y de sentido común, es que el Gobierno la ponga en marcha. Pero parece difícil porque está claro que no quiere. El segundo es el de la Justicia, que sí ha actuado rápidamente en estos casos, cuando se presentaron padres o el defensor del Pueblo. La Justicia ya le dijo “tiene que aplicar la ley, es su obligación”. Y el tercer camino es el Congreso. Varios bloques hemos pedido la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, porque es el que tiene que compensar las partidas, sacar de un lado, poner en otro. El Gobierno ha trabajado sin Presupuesto durante los últimos dos años, y en función de eso ha desacomodado la vida y la atención de las personas con discapacidad.
En todas sus declaraciones públicas, Francos fue muy claro: el Gobierno no tiene intenciones de poner la ley en marcha sin que el Congreso le indique de dónde saldrán los fondos.
– De nuevo: hace dos años que no hay Presupuesto. El mismo jefe de Gabinete que dijo eso, ese mismo día le transfirió partidas a la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿De dónde sale el presupuesto para aumentar las partidas para la SIDE o las de Seguridad? Como el último Presupuesto está desactualizado, porque tiene varios años y se calcula que desde entonces hubo un 400% de inflación, los funcionarios a los 60 días de 2025 se gastaron todo su presupuesto. Como la recaudación es mucho mayor al presupuesto, el jefe de Gabinete vive compensando partidas con ese sobrante en todas las áreas. Lo que nosotros le decimos es “haga lo que hace todos los días y ponga los recursos de acuerdo a la ley”. La ley no es un consejo, es una obligación.
El 15 de septiembre pasado el Gobierno presentó su proyecto de Presupuesto 2026. ¿Es una oportunidad para que el Congreso plantee cómo dar cumplimiento a la ley y definir de dónde salen esos recursos?
– Exactamente y, de hecho, esto empezó a tratarse. Vino el secretario de Hacienda. Pero el Gobierno ya promulgó la ley… Más allá de lo que nosotros trabajemos para 2026, hoy la tienen que poner en marcha. Y yo creo que la Justicia los va a llevar a ponerla en marcha, porque están haciendo algo que realmente no es constitucional. Nunca en la historia argentina alguien promulgó una ley y la suspendió.
¿Cuál cree que puede ser la herramienta adecuada para llegar a ese objetivo? ¿Cautelares, amparos, algún otro recurso?
– Hay muchas familias de discapacitados que han presentado amparos. Y también hay diputados que han hecho presentaciones. Es realmente absurdo lo que han hecho. En estos casos la Justicia siempre ha actuado rápido, por la delicada situación de las personas con discapacidad. Y también vamos a avanzar en el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno podría actuar con sentido común y ponerla en marcha. Pero hasta ahora no sucedió.
¿Irá Francos a cumplir con esa interpelación?
– Falta, todavía. Muchos firmamos el proyecto, pero todavía no se trató en sesión. Espero que podamos avanzar en las próximas semanas.
¿Cómo evalúa usted todo este conjunto de casos en los que el Gobierno parece estar implicado? ¿Qué es lo que ve?
– No sé como calificarlo. Lo que está claro en el caso de $Libra es que hubo una estafa, que hubo gente que armó una criptomoneda que valía 0,0001, con cuatro fundadores, y que ni usted ni yo nos hubiésemos enterado nunca de su existencia, de no haber sido porque el presidente lo tuiteó. Desde entonces pasó a valer 5,02, los cuatro fundadores se fueron y se quedaron con US$ 250 millones. No hay dudas de que fue una estafa: el debate es cuál fue el rol del presidente y sus funcionarios en ella. Yo creo que el Gobierno necesita gente más preparada en todas las áreas. Todos los gobiernos tienen a alguien preparado en discapacidad, en turismo, en deporte; gente que trabaja y le cuenta al presidente si hay tal o cual problema en su área. Acá no es así: se toman las decisiones desenganchadas de las áreas, y por eso es absurdo el incumplimiento de la ley de discapacidad. La votamos tres veces en el recinto, tuvimos una enorme cantidad de votos fuera de la grieta porque es un tema que atraviesa a todos los espacios políticos y a gran parte de la sociedad, y aun así el Gobierno no la pone en marcha. El Gobierno debería reflexionar sobre el dolor y la angustia que está generando en un gran número de personas.
