Nicolás Gadano, economista, jefe de la consultora Empiria y exasesor de YPF, analiza el fallo judicial por la expropiación de la petrolera. Advierte que el problema no fue expropiación en sí, sino la forma en que se hizo. Y sostiene que, más temprano que tarde, Argentina deberá negociar para evitar consecuencias financieras mayores.
—¿Te sorprendió el fallo, sobre todo lo relacionado con el 51% de las acciones de YPF?
—Bueno, una parte no, una parte sí. La parte que no, es que no me sorprende que el juzgado de Nueva York —que tiene antecedentes con Argentina— tenga la voluntad de dar señales de que no se queda tranquilo si hay un fallo adverso con un monto definido y Argentina no hace nada y no paga. Entonces, el juzgado va a ser receptivo respecto de los beneficiarios para decir: “Argentina tiene que pagar los fallos”.
El mensaje es: esto no es un chiste. Acabó un juicio, perdieron, tienen que pagar.
Desde ese punto de vista no me sorprende, y no me sorprendería que haya otros movimientos del juzgado en ese sentido hacia adelante. Lo de agarrar las acciones de YPF, un poco me sorprende. Incluso, te diría, no me parece la mejor forma para que eventualmente cobre Burford. Pensá que todo esto es por la protección de los accionistas minoritarios en el momento de la expropiación, por una cláusula del Estatuto de YPF —que viene desde los noventa y sigue estando ahí— que dice que frente a un cambio de control, una nueva mayoría, hay que hacer una Oferta Pública Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
Suponé que el Estado argentino cumpliera esto y le transfiere el lunes el 51%, el 49% restante que cotiza hoy en las bolsas, tanto en Argentina como en Nueva York, estaría en su derecho de reclamar una OPA.
Creo que nadie cree —ni siquiera Burford— que esto se vaya a cumplir. Es más bien un llamado de atención hacia Argentina para decir: señores, tienen que pagar.
—¿Cuál creés que fue el principal error jurídico que cometió el Estado con la expropiación de YPF?
—El error fue un riesgo jurídico que se materializó: no prestar atención a la obligación de hacer una OPA al resto de los accionistas. Pero en el fondo tiene una visión política.
Este fallo no es contra la expropiación, es contra como se hizo.
Entonces, dada la decisión de expropiar —que no discutamos ahora si era buena o mala— vos podías, por ejemplo, expropiar el 100%, que es lo que en general pasa con las expropiaciones. Por supuesto, hubieras tenido que pagar un poco más, el doble o un poco menos, pero te quedabas con el 100% de YPF y no hubieras tenido ningún problema de este tipo. Hubieras acordado un pago con Repsol —como efectivamente se hizo— y probablemente hubieras acordado un pago con el otro grupo controlante, que es donde viene el problema: los Eskenazi, que tenían el 25% de YPF. Y también te quedaban algunos accionistas minoritarios, con quienes hubieras tenido que acordar un pago por esa expropiación. Si eventualmente hubieras tenido un juicio, habría sido uno muy pequeño, de algún holdout que no quería acordar pero nunca hubieras tenido un juicio de este tipo.
Repsol firmó un acuerdo por el cual no podía hacer este tipo de demandas. Si hubieras expropiado parcialmente a los Eskenazi y a Repsol, hubieras firmado un acuerdo con los dos, le hubieras pagado una parte a los dos y quizás hubiera aparecido este juicio en Nueva York pero por una mínima cantidad de acciones.
Ahora, ¿por qué expropiaron de este modo entonces? Porque había una restricción política: una relación complicadísima, impresentable desde el punto de vista público con los Eskenazi. Porque cuatro años antes los habían metido a la fuerza en YPF, y hubiera sido un escándalo. Los Eskenazi entraron sin poner plata. Sin experiencia en el sector, con préstamos que les dio la misma Repsol, y que después se repagaban con un acuerdo de reparto de utilidades vergonzoso, que era un vaciamiento de YPF. Entonces, el error empezó ahí, exactamente.
Todo esto fue explicado, no por un error, sino por una maniobra totalmente dañina para YPF y para el Estado argentino, que fue este capricho —llamémosle así— de Néstor Kirchner, de poner a un grupo amigo y negociar eso con Repsol al frente de YPF. Y eso complicó todo.
—¿Qué estrategia de negociación pensás que debería adoptar ahora el gobierno de Milei para, por un lado, reducir el monto y ver si hay posibilidades de cerrar el conflicto?
—Creo que el gobierno tiene que tener la inteligencia y el pragmatismo —este gobierno y el que venga después— de usar todas las instancias de apelación que haya, recorrer todo el camino judicial para tratar de revertir, y si no se puede revertir, al menos demorar este pago.
Quizás, en paralelo o esperando, pero en algún momento va a haber que iniciar alguna negociación —al principio informal, después más formal— con el fondo para, justamente decirles, “miren, si ustedes creen que les vamos a pagar este monto, olvídense” y a partir de eso, empezar a ver qué variantes hay, porque en algún momento es probable —y me remito a lo primero que te dije, con esta señal del juzgado— que Argentina no pueda no pagar y no lo digo por una cuestión de honor.
Argentina necesita recuperar el crédito internacional, tener buenas relaciones financieras con el mundo, evitar riesgos de embargos, cosas así. Este fallo debe cumplirse. En algún momento, va a haber que dar una señal de buena voluntad.
—¿Este conflicto cómo repercute en YPF -entendiendo su parte mayoritaria estatal y también su parte privada- en un contexto donde se piden inversiones y desarrollo del sector? ¿Qué incidencia puede llegar a tener más allá del impacto noticioso?
—Es buena pregunta. Y me animo a decir que el impacto noticioso generó caída de la acción, volatilidad, ruido, temor, pero creo que el juzgado no va a afectar a YPF. De hecho, YPF estaba originalmente demandada y el juzgado la sacó de la demanda.
El problema es con el Estado Nacional. Es por un tema relacionado con YPF, pero de manera indirecta.
Ahora dice: “ah, tenés un activo, que son las acciones de YPF, usalo para pagar” pero no es un fallo contra YPF. Y sería muy raro y paradójico que el juzgado avanzara en medidas contra YPF, porque efectivamente tiene un 49% de accionistas privados que no tienen nada que ver con esto. Y, más aún, todo este fallo tiene que ver con defender a los accionistas minoritarios de YPF.
Sería muy extraño que en el afán de defender a esos accionistas, el juzgado dañe a los accionistas actuales. No veo que este fallo tenga consecuencias negativas ni para YPF ni para su desarrollo.
—Conocimos más o menos el plazo que tiene el Gobierno para responder. En base a tu experiencia, ¿en cuánto tiempo se podría llegar a tener un acuerdo?
—Va a demorar, porque todos los incentivos de Argentina son demorarlo todo lo posible. Creo que el ritmo de esa negociación lo va a marcar en qué medida el juzgado toma decisiones que acorralen a la Argentina.
Está claro que el juzgado tiene capacidad de —pongámoslo en estos términos— hacerle daño a la Argentina. Pero no queda claro qué tanto.
El juzgado está diciendo: “yo voy a insistir, porque quiero que ustedes lo resuelvan”. Con lo cual, los plazos son difíciles de prever, pero me parece que va a ser inevitable que, en algún momento —con un ritmo que será más lento o más intenso, cambiante— Argentina se siente a negociar.
En el fondo de la cuestión, que es la defensa de los accionistas , yo creo que la jueza está aplicando bien la ley. Porque hay dos decisiones que tomó Argentina —no la jueza— hace muchos años y de manera voluntaria: Uno, cotizar en Nueva York. Si YPF cotizara solo en la Bolsa de Buenos Aires, no hubiera conseguido los fondos que consiguió oportunamente cuando salió a privatizar. La segunda es el estatuto. El estatuto se aprobó por decreto presidencial y dice que si hay un cambio de control, hay que hacer la OPA. Y bueno, la jueza dice: “esto es así, no lo cumpliste. Yo tengo accionistas acá que me están reclamando”.
