La mejora en las jubilaciones que tiene media sanción en la Cámara de Diputados pone en jaque el plan económico del gobierno. Aunque el costo no es lineal, se calcula que ronda entre el 1,2% y el 1,5% del PBI, cifra que incluso podría ser algo mayor. El objetivo oficial de superávit es del 1,6% del PBI, y la aprobación de esta mejora complicaría ese equilibrio.
Lo político condiciona lo económico, y allí surgen las principales tensiones para el gobierno de Milei. En este contexto, el presidente y su equipo deberán contar con una “billetera gorda” durante este año electoral para sostener el apoyo de los gobernadores en el Congreso.
Hace algunas semanas, la Cámara de Diputados le dio media sanción a una ley que establece mejoras para jubilados y que restituye la moratoria previsional para quienes no completaron los 30 años de aportes.
Tus dólares, tu decisión: qué piensan los argentinos sobre el uso de ahorros no declarados
El proyecto propone un aumento general del 7,2% para todos los niveles y una suba del bono para los haberes más bajos, que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos. Además, se incorporó la emergencia en discapacidad, lo que eleva el costo total (jubilaciones más emergencia en discapacidad) alrededor del 1,7% del PBI.
Este dato es clave, porque ese 1,6% del PBI representa la meta de superávit que el gobierno acordó con el FMI en abril pasado, y que hasta ahora exhibe como un logro, a pesar de no haber cumplido con las reservas prometidas.
El Senado y la pulseada por la sanción definitiva
En la Cámara Alta, la situación parece definida: el kirchnerismo aportará 34 votos, a los que se suman apoyos de la UCR y fuerzas provinciales, lo que aseguraría la sanción de la iniciativa.
El gobierno sostiene que utilizará el veto como herramienta para intentar frenar la ley. Milei y su equipo aseguran que esta ley correrá la misma suerte que la mejora anterior en jubilaciones y la caida Ley de Financiamiento Universitario, que también fueron vetadas.
El detalle es que, para sostener un veto, el oficialismo necesita evitar que la oposición alcance dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir con la ley. De no lograrlo, el veto queda anulado y la ley debe ser promulgada sí o sí.
Cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente tiene diez días para decidir si la promulga o la veta, total o parcialmente. Si opta por el veto, el proyecto vuelve a la cámara de origen y comienza otra vez el debate. Para insistir con la ley, se necesitan dos tercios de los votos, primero en esa cámara y luego en la otra (cámara de revisión). Si no alcanzan ese número, el veto queda anulado. Si no, queda firme y la ley no puede volver a tratarse por un año.
Que la oposición dialoguista garantice su apoyo al oficialismo no será gratis: la transferencia de fondos vuelve a estar en el centro de la negociación con los gobernadores. Por lo bajo, algunos mandatarios provinciales reconocen que lo que les interesa no es la ley en sí, sino la posibilidad de sentarse a negociar.
Avanza el reclamo de los gobernadores por más fondos
En este contexto, los gobernadores se reunieron recientemente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a la espera de una respuesta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras manifestar preocupación por la caída de la recaudación y lo que cada uno recibe.
Hace apenas algunas semanas, una delegación de mandatarios provinciales visitó Casa Rosada para elevar sus reclamos al Ejecutivo. En ese entonces, Francos se comprometió a estudiar los números para rediscutir la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y avanzar en un aumento de la coparticipación.
Pero en esta última reunión, los gobernadores fueron mas allá: acordaron firmar de un proyecto de ley que elimine los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles para distribuir ese dinero mediante coparticipación.
Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalaqua (Misiones), Alberto Weretineck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) presentes en el encuentro.
Además, buscan modificar la forma en que se reparten los Aportes del Tesoro Nacional, de modo que dejen de ser transferencias discrecionales y se distribuyan automáticamente según los porcentajes fijados para cada territorio.
Este escenario de presión obliga a Milei a recalcular y garantizar una “billetera gorda” para sostener las alianzas con los gobernadores, fundamentales para mantener la estabilidad política. Además, advierten que el oficialismo ha relegado otro punto sensible: la obra pública.
Como si fuera poco, esta semana llegará una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires para la primera revisión del acuerdo firmado en abril. El programa contemplaba un desembolso adicional de u$s2.000 millones en junio. Aunque el gobierno no ha cumplido con la meta de reservas pactada con el FMI, expondrá otros logros como emisión cero y superávit, que bien podría verse condicionado los proyectos que se debaten en el Congreso.
Esta situación añade presión al gobierno de Milei, que enfrentará desafíos políticos y fiscales, como la mejora en las jubilaciones y las demandas de los gobernadores.
En este contexto, se da una encrucijada: el oficialismo deberá equilibrar las demandas sociales y políticas con el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos en un año electoral donde busca consolidar su espacio político en el Congreso y no depender de los acuerdos para la sostenibilidad del proyecto político.
Cristina condenada: Máximo Kirchner, Kicillof y el dilema del sucesor
