El plan del Gobierno de Javier Milei para diseñar al tribunal supremo de Argentina, tras el fracaso con García-Masilla y Lijo. Cuál es la estrategia libertaria y los nombres que circulan tanto para ese cuerpo como para la Procuración General. Las cuentas que saca el oficialismo. Y cómo juega en el Senado.
Por Gabriel Michi
El “Plan A” fracasó. El “Plan B” está en marcha y su resultado parece incierto. Atado a la martingala electoral. El “Plan A” significó una jugada arriesgada, a todo o nada, fiel al estilo del gobierno libertario.
El recurso: nombrar por decreto en comisión a dos jueces de la Corte Suprema y así tener asegurados los fallos necesarios en un cuerpo que por el momento no mostró mayores resistencias, algo que fue muy criticado por políticos, constitucionalistas y expertos. Pero la administración de Javier Milei logró que incluso los tres integrantes del máximo tribunal de la Argentina -el presidente, Horacio Rosatti, el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti- le tomen juramento a uno de los postulantes elegido por el Poder Ejecutivo: Javier García-Mansilla. El académico ocupó (tan sólo por unos días) uno de los dos sillones que están vacantes en la Corte Suprema, tras las jubilaciones de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
La voluntad del oficialismo era que el otro lugar sea destinado al actual juez federal Ariel Lijo, quien tomó la precaución de no renunciar a su juzgado hasta tanto tener la certeza de que su sillón en la Corte estaba asegurado, con los dos tercios de apoyos necesarios en la Cámara Alta. Y pareciera que esa prevención le sirvió. El Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de ambos letrados. Y, con eso, no sólo le asestaron un duro golpe al oficialismo, sino que dejaron a esos candidatos virtualmente fuera de carrera para acceder al tribunal superior. El “plan A” de “Corte y confección” diseñado por el Gobierno había fracasado.
Fue entonces cuando el oficialismo puso en marcha el “Plan B”, que no es el que más le agrada a un mileísmo que suele avanzar como una locomotora sin freno y sin importar las estaciones intermedias.
Ese “Plan B” se conjuga con un verbo que no le satisface en lo más mínimo: esperar. ¿Esperar qué? Los resultados de las próximas elecciones. ¿Para qué? Para ver si, con una mayor cantidad de bancas en la Cámara Alta (se eligen 24 senadores de 8 provincias), ese nuevo escenario le permite avanzar en sus objetivos judiciales supremos.
El Gobierno cree que un buen resultado en las urnas (más allá de que no se consigan todos los escaños necesarios) le allanará el camino no sólo para completar a su gusto los espacios vacantes de la Corte Suprema, sino avanzar también en la designación de un Procurador General de la Nación, jefe máximo de los fiscales. Además de darle un espaldarazo –por la impronta triunfadora- para llenar los casilleros de los 400 lugares para cubrir de camaristas, jueces y fiscales, con nombres afines o, al menos, amigables.
La posibilidad de influir en la puerta de entrada de las causas judiciales (por ejemplo en el fuero federal), en el tránsito de las mismas (con jueces y camaristas) y en la salida de esos expedientes (en la Corte Suprema) es algo que siempre sedujo al poder político, tanto mirando los intereses propios (las denuncias en su contra) como el daño al enemigo. De eso se trata también el juego de “Corte y confección”.
Caídos en desgracia los nombres de García-Mansilla y Lijo para la Corte Suprema, el oficialismo tiene otros en carpeta: los que correrían con ventaja son Ricardo Ramírez Calvo y Ricardo Manuel Rojas, ambos de perfiles cercanos a los libertarios.
El primero no sólo trabajo en varios proyectos de reformas del ahora superministro Federico Sturzenegger, sino que fue recomendado por el propio García-Mansilla con quien desarrolló actividades varios años. El segundo –un juez penal que fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993- es alguien que goza de la confianza del todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo y de uno de los principales armadores tribunalicios del Gobierno, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, número dos de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio.
Renunció a la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, el juez nombrado por decreto por Milei
En tanto, el propio Amerio es uno de los hombres que más suenan para ocupar la Procuración General de la Nación en reemplazo de Eduardo Casal, un lugar estratégico en el esquema de la implementación del sistema acusatorio que impulsa el Gobierno y donde los fiscales ocuparán el centro de las investigaciones en los expedientes. Para el oficialismo el conseguir nombrar a alguien de confianza allí es casi tan importante como ocupar uno de los sillones de la Corte Suprema.
Pero el secretario de Justicia no es el único que aparece en la línea de largada para alcanzar ese lugar neurálgico: entre los posibles postulantes también figuran los camaristas Mariano Borinsky (el que más satisface al oficialismo) y Javier Leal de Ibarra. Y en la nómina además se alista el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, la cercanía de todos ellos con el macrismo -o bien el enfrentamiento manifiesto con el kirchnerismo- pueden jugarle en contra a la hora se cosechar los apoyos necesarios en el Senado. Ahora todo está por verse, en un escenario de incertidumbre y especulaciones variopintas. En medio del suspenso que ahora le imprimió el mileísmo.
Ese stand-by oficial en la postulación de candidatos a la Corte Suprema, alcanza también a los proyectos que andan dando vuelta sobre la posibilidad de aumentar el número de miembros en el Tribunal Supremo. A tal punto que desde la Casa Rosada le dijeron a Newsweek Argentina que por el momento no van a apoyar ninguna de las iniciativas.
La Corte Suprema de Justicia le tomó juramento a Manuel García Mansilla cómo integrante del cuerpo. Pocos días después debió renunciar (FOTO: REDES/NA)
Sin embargo, el miércoles 28 de mayo se dio una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado para comenzar a analizar las propuestas sobre la conformación de la Corte. Fue de tono informativo, pero sirvió para testear el clima al respecto. Hay distintos proyectos en pugna (al menos 7), que plantean aumentar la composición del tribunal máximo a 7, 9 y hasta 15 cortesanos.
También se debate la incorporación del cupo femenino o la paridad de género en el cuerpo, además de la representación federal. Hay iniciativas de diferentes legisladores y espacios políticos: Silvia Sapag (Unión por la Patria), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
Por ahora el oficialismo abre el juego para que los debates se den, con la idea de no chocar con los bloques que podrían convertirse en aliados en esta discusión. Se va a escuchar a especialistas, se analizarán los proyectos, pero es muy difícil que La Libertad Avanza haga mucho esfuerzo en que salga adelante.
En el debate el senador salteño Juan Carlos Romero (aliado del oficialismo) remarcó que el hecho de que haya tantos proyectos en marcha es señal de la trascendencia del tema. Y por eso bregó para que se avance en un consenso “que permita tener un dictamen”. “Este no es un proyecto jurídico, sino político”, aseguró. El legislador del interbloque “Las Provincias Unidas” enunció los grandes agujeros que quedan en el Poder Judicial, desde la designación de un procurador general hasta los centenares de cargos pendientes sin resolver. “Después de dos décadas de grieta y fracasos de la política en lograr consensos, tenemos estas falencias”, dijo Romero.
Pero es claro que la utopía de los consensos parece esfumarse en un horizonte cada vez más distante. En la reunión plenaria el titular del interbloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, se encargó de dejar en claro el gigantesco enfrentamiento que ese espacio tiene con los jueces de la Corte Suprema: “Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte” y agregó: “tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado“. Pero también le apuntó al Gobierno y, en particular, al ministro Cúneo Libarona. «Lo hemos escuchado decir cualquier barbaridad del parlamento», disparó el formoseño.
Quien debió hacer equilibrio con todo esto fue el titular de la Comisión de Justicia y Derecho Penal de la Cámara Alta, el riojano Juan Carlos Pagotto, de “La Libertad Avanza”, que conoce que su Gobierno quiere estirar los tiempos hasta después de las elecciones pero que sabe que es muy difícil frenar un debate empujado por tantos y tan disímiles sectores políticos, incluyendo muchos aliados.
Pagotto –que obtuvo el visto bueno para habilitar la discusión de parte de “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei- sostuvo que este debate “requiere de una seriedad y objetividad que nos impida tener una mirada tan subjetiva y despojarnos de todo tipo de militancia. Tenemos que buscar que la administración de justicia funcione y hace mucho tiempo no funciona”. A la vez que planteó que hay que “escuchar todas las campanas y despojarse de las cuestiones ideológicas”.
En una entrevista exclusiva con Newsweek Argentina el propio Pagotto aclaró que el oficialismo no quiere una Corte multitudinaria (como la apuesta de máxima de 15 miembros que había planteado el kirchnerismo) y no descartó que puedan llegar a 7 o hasta 9 cortesanos. Y juró y perjuró: “No queremos una Corte adicta, ni jueces adictos”. También sostuvo que se van a tomar todo el tiempo que sea necesario para escuchar a las voces más variadas. Y que eso no estará atado al resultado del proceso electoral, porque, de hecho, es de final incierto.
En las próximas elecciones de senadores nacionales (que son los que definirán la suerte de la composición de las más altas esferas del Poder Judicial), el Gobierno está convencido que tiene mucho más para ganar que para perder, sobre todo porque no pone en juego ningún escaño en el Senado de los 6 que hoy conforman el bloque de LLA.
En esos comicios las distintas expresiones del PJ opositor y el kirchnerismo ponen en juego 15 senadores, mientras que el resto de las fuerzas (más cercanas al oficialismo) arriesgan 9 bancas. De darse los resultados que imaginan en la Casa Rosada, el oficialismo y sus virtuales aliados podrían conquistar 12 escaños: 2 (siendo mayoría) en distritos como CABA, Chaco, Entre Ríos y Salta, y 1 (siendo minoría) en Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego). Ese podría ser un escenario realista. Pero el oficialismo sueña con conquistar (junto a sus aliados) aunque sea 15 bancas que podrían surgir de sus alianzas o de las divisiones opositoras. Lo cierto es que aún con el mejor de los resultados va a necesitar mucha negociación para alcanzar los dos tercios (48 votos) de los apoyos en el Senado para lograr la aprobación de los magistrados.
Todos los gobiernos han querido tener su propia Corte. Sólo para mencionar lo ocurrido desde el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín nombró en 1983 a los 5 integrantes que la compusieron y que reemplazaron a los cortesanos de la dictadura militar. Luego Carlos Menem aumentaría el número a 9 y nombraría a algunos propios –que convivieron con algunos del alfonsinismo- y se garantizó la denominada “mayoría automática”.
La excepción fueron los dos años de la Presidencia de Fernando De la Rúa donde no hubo nuevas designaciones en el cuerpo.
El peronismo profundiza su carga contra la Corte Suprema a partir de la inminente ratificación de la condena por parte de Casación a Cristina Kirchner (Foto: Twitter @Kicillof)
Después de 2001 hubo una reducción gradual hasta llegar a los 5 miembros que se mantuvo hasta el presente, tanto en las presidencias de Néstor Kirchner –que impulsó el decreto 222 que le brindó más transparencia al proceso de selección de los jueces supremos- y Cristina Fernández de Kirchner, como en la de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Hoy los lugares son 5 pero sólo 3 sillones están ocupados. Y esos espacios son muy cotizados. Por unos y por otros. Por quienes quieren una Justicia que le ponga límites al poder. Y por los que desean todo lo contrario. A esos que le gusta diseñar una Corte para sus intereses. Y que piensan en la confección de la Corte o que juegan a la “Corte y confección”.
