El reciente cambio en el sistema de afiliación a las obras sociales y prepagas ha generado un intenso debate en el sector de la salud. La Resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud establece que los trabajadores deberán optar entre mantenerse en su obra social o trasladar su aporte directamente a una prepaga, eliminando la posibilidad de derivar aportes a través de convenios entre obras sociales y empresas de medicina privada. Esta medida afecta a aproximadamente 4,2 millones de personas, lo que equivale a un tercio del total de afiliados al sistema de obras sociales nacionales.
Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) desde los años 90, cuando se permitió la libre elección de obra social, se generaron acuerdos entre algunas de estas entidades y las prepagas para canalizar aportes de los afiliados de mayores ingresos a cambio de una comisión. Este mecanismo, conocido como «derivación de aportes», permitía que los trabajadores accedieran a una cobertura privada sin perder el aporte obligatorio de la seguridad social. Sin embargo, con la nueva disposición, esa intermediación queda eliminada, y los afiliados deberán elegir entre permanecer en su obra social o dirigir su contribución a una prepaga sin la intervención de terceros.
Según explican «el año pasado se habilitó la entrada de las prepagas al sistema de obras sociales nacionales. Es decir, ahora pueden optar por recibir los aportes sin la intermediación de una obra social». Sin embargo, mediante una resolución se dispuso que «los afiliados que derivan aportes tienen que enviarlos directamente a la prepaga, o bien, quedarse en la obra social derivadora y recibir de ella los servicios médicos. O sea, los asesores del Ministerio de Salud prohíben hacer “derivación de aportes”».
La advertencia de los especialistas es que la medida pasa por alto que el problema es la gran cantidad de personas que con sus aportes no cubren el costo del Plan Médico Obligatorio
Esta modificación implica un cambio estructural en el sistema de financiamiento de la salud. Los defensores de la medida argumentan que busca transparentar la administración de los fondos y evitar que las obras sociales actúen como intermediarias con fines de lucro.
No obstante, críticos advierten que el impacto será significativo, especialmente para las obras sociales que pierden ingresos y para los afiliados de menores recursos que podrían quedar atrapados en un sistema subfinanciado.
El problema de fondo radica en la desigual distribución de los aportes según los especialistas. Todas las obras sociales deben garantizar a sus afiliados el acceso al Programa Médico Obligatorio (PMO), un conjunto de prestaciones de salud de cobertura mínima. Sin embargo, no todos los aportes alcanzan para financiar dicho paquete de servicios, lo que ha generado un esquema donde algunas familias quedan subfinanciadas dentro del sistema de Salud.
«En este marco de inconsistencia financiera las obras sociales derivadoras cumplen un rol fundamental. Permiten a las familias con ingresos suficientes acceder a una prepaga, mientras que las familias sub-financiadas quedan en las obras sociales con un acceso parcial al PMO y muchas veces atendidas en los hospitales públicos. Prohibir la derivación de aportes para que todas las familias elijan una prepaga directamente, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que agravará la crisis de financiamiento que sufre la medicina privada».
El informe de IDESA advierte que al reducir el flujo de ingresos hacia las prepagas mediante las obras sociales, muchas personas de menores ingresos podrían quedar sin acceso adecuado a servicios de calidad.
En este contexto, la propuesta de algunos analistas es reasignar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para fortalecer los aportes de quienes no logran cubrir el PMO, en lugar de limitar la movilidad entre prestadores.
Otro punto clave que plantea el debate es la carga que representa el PMO para el sistema. Existen coberturas incluidas en este programa que no son estrictamente médicas, como los tratamientos para adicciones o servicios sociales para personas con discapacidad, que en otros países están a cargo de agencias estatales específicas. La reducción o reasignación de estos costos podría contribuir a un sistema de salud más equitativo y sostenible.
La decisión del gobierno también ha sido cuestionada desde el punto de vista legal por el centro de estudios ya que ni el Ministro de Salud ni el Superintendente de Servicios de Salud firmaron la resolución, lo que sugiere un nivel de improvisación que podría derivar en impugnaciones judiciales.
Mientras se desarrollan las discusiones sobre el impacto de la medida, lo cierto es que el sistema de salud enfrenta un desafío estructural de financiamiento. La eliminación de la derivación de aportes podría reconfigurar la relación entre obras sociales y prepagas, pero sin un plan complementario para reforzar los recursos de los afiliados de menores ingresos, el acceso equitativo a la salud seguirá siendo una cuestión pendiente.
