Por Horacio Minotti (*)
El presidente decidió usar la Cadena Nacional para fustigar a otro de los poderes del Estado, por un fallo dictado por la Corte, en pleno uso de sus facultades.
El uso de la cadena nacional esta regulado. La ha normado, con acierto aunque sin profundidad, la ley de servicios de comunicación audiovisual en el gobierno de la propia Cristina Kirchner. Debe utilizarse con criterios restrictivos y bajo motivaciones muy específicas determinadas por la ley: “El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”, dice el artículo que la reglamenta.
Si bien los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la suspensión de los procesos electorales en San Juan y Tucumán, pueden considerarse situaciones excepcionales y también de trascendencia institucional, el discurso presidencial contenido en la cadena, revela que en realidad, se trataba de un asunto de interés partidario.
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Alberto Fernández menciona allí que se trata de un ataque al peronismo y convoca a una movilización contra uno de los poderes del Estado. Ello sin soslayar, que tergiversa la función del Alto Tribunal frente al oyente/televidente obligado a escucharlo por tratarse de una cadena nacional.
De este modo, el uso de dicho instrumento excepcional, resulta tener como objetivo alcanzar fines partidarios de la alianza de gobierno y por ende, su fin expresamente normado es desvirtuado por el mensaje presidencial. Si los funcionarios están obligados a cumplir con las normas, y de no hacerlo son susceptibles de una acción penal, el discurso de Fernández lo pone a las orillas del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Vale la pena observar con detenimiento cómo el presidente desatiende la idea de que el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no vulnera el federalismo, como sostiene en su discurso; no al menos, el tipo de federalismo diseñado por la Constitución Nacional, en el que, en materia judicial, el Máximo Tribunal de la Nación, es instancia de revisión de los superiores tribunales provinciales, en los casos determinados por la norma.
Fernández es abogado y profesor de derecho, de lo que suele ufanarse, por lo cual debe entenderse que su falacia difundida por cadena nacional es voluntaria, no fruto del desconocimiento sino de un intento de confundir a la población.
Horacio Minotti
Tan inexactas fueron las afirmaciones presidenciales, que el candidato a vicegobernador de Tucumán, Juan Manzur, decidió declinar su candidatura luego del fallo, y el histórico referente del peronismo sanjuanino y también ex gobernador, José Luis Gioja, hizo saber que se le había informado de todas las formas posibles, a Sergio Uñac, que su tercera reelección no era viable legalmente.
Claro, todo ello ocurre después de que el presidente, apresuradamente, “tirase la cadena” y saliese nuevamente a hacer gala de su confusa retórica para ganar protagonismo político con un recurso institucional que debe ser cuidadosamente tratado.
No es la primera vez que el inconsistente mandatario se usa de instrumentos institucionales para fines diferentes a aquellos para los que fueron concebidos. Basta con recordar la fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos de la primera dama, Fabiola Yáñez, en pleno aislamiento obligatorio por la pandemia.
La permanente confusión entre lo público y lo privado y entre los resortes institucionales y las necesidades personales, es un síntoma de la alta degradación institucional en que nos han inmerso determinado tipo de gobiernos, con más tendencia a la autocracia que a la democracia, aunque lleguen a su sitial por el voto popular.
La cadena nacional entonces, y para ser claros, debe ser utilizada para situaciones de excepción y/o de trascendencia institucional, pero para los ciudadanos, para la gente, para el Estado en todo caso, jamás para el partido de gobierno, nunca para que el presidente le mienta a la población y tampoco para que intente quedar bien con la vicepresidenta, aunque jamás lo logre.
(*) Periodista y abogado
