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Sistema de justicia: crisis y oportunidades
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Sistema de justicia: crisis y oportunidades

Las crisis son oportunidades, dicen. Tal vez, ante la extemporánea (y permanente) agenda de embates hacia la justicia propuesta por un sector del oficialismo, tengamos la oportunidad de proponer los cambios que el sistema judicial de nuestro país necesita. Los cambios reales. Esos que hagan que la justicia, de una vez por todas, funcione. Que le llegue a la gente en tiempo y forma.

Se ha repetido hasta el cansancio que una justicia lenta no es justicia. Por eso, la verdadera y efectiva reforma sería mejorarla de raíz, con cambios profundos y de fondo. Proveerla de infraestructura y de recursos humanos y tecnológicos. Cubrir las vacantes de jueces nacionales y federales -de todas las instancias- que hace ya mucho tiempo están sin cubrir, algo que va en claro desmedro de la normal administración de Justicia que la sociedad merece. Estas vacantes generan una inusual cantidad de designaciones de jueces subrogantes, lo cual desvirtúa el carácter extraordinario del sistema de integración y reemplazos de magistrados. Punto central para fortalecer la justicia.

Decíamos, una justicia lenta no es justicia. Pero debemos tener en claro que no podemos caer en la trampa que propone el oficialismo que disfraza las necesidades con títulos inteligentes y que, en el fondo, busca evitar que ciertas causas lleguen a condenas.

Si, como se trasluce, hay una crisis en el sistema de justicia, tenemos una gran oportunidad: la de hacer una buena reforma judicial. La que hace falta. Necesitamos construir una Justicia independiente. Independiente de la presión de otros poderes que pretendan sujetarla. Pero que no sea independiente de la sociedad, de sus demandas y de las necesidades de justicia de la gente.

Se denomina OPORTUNIDAD al “momento oportuno, cierto, exacto para realizar o conseguir algo”. Ahora, se dice OPORTUNO a “aquello que se hace cuando conviene”.

Aquí, debemos preguntarnos si es el momento exacto para hacer estos cambios y, fundamentalmente, a quién le convienen esos cambios. Las preocupaciones de la gente hoy pasan por otros temas: la inflación, la economía devastada, la inseguridad, la falta de expectativas.

Por eso, si pensamos en avanzar en una reforma judicial, debe ser pensando en la gente.

Debe ser con la implementación de sistemas que agilicen los tiempos y provoquen un cambio de dinámica. Fundamental para que la justicia sea un servicio, en el cabal significado de esa palabra y para descomprimir los abarrotados juzgados en todo el país.

LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA ACUSATORIO
El Congreso de la Nación, en el año 2018, sancionó, a través de la ley 27.063, el nuevo Código Procesal Penal Federal, que tiene como una de sus características más importantes la adopción del sistema acusatorio. El mismo implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles en los que la investigación de los delitos queda a cargo del Ministerio Público Fiscal. En nuestro país, con excepción de algunas provincias, continúa rigiendo el sistema inquisitivo. Hace tres años que fue implementado en las provincias de Salta y Jujuy.

El sistema acusatorio le brinda al Ministerio Público Fiscal las herramientas necesarias para que pueda avanzar con la investigación. De esta manera, el juez observará el proceso como un agente externo. Esto no quiere decir que las funciones del juez se trasladen al fiscal. Lo que se busca es crear nuevas herramientas que ayuden al proceso sin otorgarle un poder excesivo al fiscal.

Herramientas como estas son las que contribuyen a mejorar el sistema de justicia y a acelerar procesos liberando juzgados de procesos eternos y engorrosos. Los datos que surgen del Ministerio Público Fiscal (del sistema de gestión de casos penales) en estos tres años de implementación en las provincias del norte argentino dan cuenta del “importante cambio en la gestión de los casos y de la celeridad en su resolución”.

De acuerdo con esa información, en los últimos 12 meses en las cuatro sedes del MPF en la jurisdicción se iniciaron un total de 2.909 casos. De ese total, el 59% ya fue resuelto. Y dentro del universo de casos resueltos, dos tercios, es decir el 66%, corresponden a formas tempranas de finalización (archivos y desestimaciones); un 14% corresponde a formas de soluciones alternativas (aplicación de criterios de oportunidad, conciliaciones, reparaciones integrales y suspensiones del proceso a prueba); casi un 5% culminó en sentencias condenatorias; y un 1,5% en sobreseimientos. Este es el sentido que debemos darle a las reformas a la justicia.

IMAGEN PÚBLICA DE LA JUSTICIA
Diferentes situaciones y algunos integrantes han ido rebajando la imagen pública de éste, uno de los poderes del Estado, haciéndolo cada día menos creíble. La gente ya no confía en la Justicia como entidad y esa es una de las cosas más graves que le pueden ocurrir a una República. Reconstruir esa imagen y trabajar para que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en quienes deben impartir justicia es un trabajo de todos. No será fácil, pero es una tarea que debemos llevar adelante.

Solo se puede “mejorar la justicia” si se la dota de mejores herramientas normativas y tecnológicas, de mejores arquitecturas institucionales y se genera un proceso de reforma que ponga las necesidades de justicia de las personas en el centro trabajando siempre por el necesario, saludable e indispensable equilibrio de poderes.

No se trata sólo de ampliar el número de integrantes (de la Corte Suprema o del Consejo de la Magistratura, por ejemplo), lo que importa es cómo se administra justicia o se hacen más ágiles y efectivos los procesos. Importa cómo logramos un sistema de justicia empático con los ciudadanos de a pie, efectivo en sus resoluciones y dinámico en sus procesos. Importa -en definitiva- que entre todos los actores que tenemos responsabilidad pensemos una reforma de la justicia como una política pública con el objetivo central de mejorarle, en algo, la vida a la gente.

(*) Senadora Nacional por Jujuy (UCR/Juntos por el Cambio), miembro del Consejo de la Magistratura y presidenta del Parlatino.

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