Por Alejandra Gallo
En el ámbito empresarial, muchos sectores miran muy esperanzados el 2025 y creen que este podría ser un año de buenas cifras récord. Por ejemplo, en el sector inmobiliario esperan ventas históricas y la reactivación del crédito hipotecario, además de otras locomotoras como la energía, el litio o los bancos.
Pero hay más: las mineras acumulan 44 meses consecutivos de crecimiento, mientras que Vaca Muerta seguirá en franca expansión de la mano de las inversiones en infraestructura y en las operaciones de las áreas no convencionales, según el último informe de la consultora Economía y Energía.
Este escenario que esbozan en el sector privado suma todavía más optimismo para 2025, de cara a una eventual concreción de una alianza electoral entre el oficialismo de la LLA y el PRO en todo el país para las próximas elecciones, una propuesta que surgió de boca del propio presidente y que ahora deberá “decantar” entre los armadores políticos territoriales.
En el sector privado lo miran tal vez como una oportunidad de negocios y de “depuración interna”. De la mano del asistencialismo estatal, hubo algunos nuevos empresarios que asomaron a escena calificados por el establishment tradicional de “pseudoempresarios”. En un horizonte macroeconómico liberal y de reglas de mercado, los referentes tradicionales (que se quedaron en pie en las sucesivas crisis económicas argentinas y los pasos de gestiones de todo color partidario) verían revancha a la hora de diferenciar el espíritu real del empresariado: tomar riesgo, generar empleo e invertir.
En este sentido la gestión del expresidente Mauricio Macri no logró exitosamente seducir al empresariado local para desembolsar inversiones. Desde el PRO duro aún hay rencores por eso, aunque mayoritariamente se reconocen errores de gestión, sobre todo en los permanentes vaivenes (avances y retrocesos) sobre las medidas adoptadas. Sin dudas, el mejor ejemplo fue el aumento en las tarifas de los servicios públicos que el Gobierno macrista no supo muñequear políticamente y retrasó un década más la actualización tarifaria que el actual gobierno de Javier Milei parece decidido a concretar sin marcha atrás.
Hoy, bajo la administración libertaria, desde el sector privado elogian dos cualidades diferenciales respecto del macrismo: la escucha sobre los temas y la carga horaria laboral del Gobierno. Esa combinación, junto con la decisión de avanzar en los temas de campaña, aun con número escaso en el Parlamento, generan certidumbre en el ámbito empresario.
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Los principales CEO le reconocen al Gobierno el haber timoneado el tipo de cambio, la tasa inflacionaria del 2,7% en diciembre según el Indec y haber tenido un fin de año sin exaltación. Celebran las negociaciones con el Fondo Monetario y el horizonte de bajar la inflación anual de tres dígitos a dos.
Creen, en este sentido, que una alianza electoral coronaría el rumbo con más holgura en las cámaras de Diputados y Senadores y se podría avanzar en reformas estructurales de fondo: la laboral y la tributaria. Ese impacto iría mucho más allá. La transversalidad libertaria/PRO mostraría fuerza frente al sindicalismo y los movimientos sociales, por ahora agazapados y en silencio y consientes de la mala “reputación” que aun cosechan en un amplio sector de la sociedad, que sigue dándole imagen positiva al Gobierno y quiere acelerar los resultados visibles en sus bolsillos y en las calles como premio al esfuerzo que acompaña a “la motosierra” implementada por Milei.
La misma alianza podría fortalecer la renovación generacional de dirigentes provinciales; por donde, por allí pasará mucho del entramado que sostiene el diálogo con el Gobierno y la disposición a cambiar algunas reglas de juego en la distribución de recursos entre Nación y provincias, siempre mirando los desafíos por venir en los próximos retos electorales. Y no solo en 2025, sino también en las presidenciales que vendrán en 2027.
