Por Paula Moreno Román (*)
La libertad de expresión es un pilar democrático, no una concesión del poder. En el registro que realiza FOPEA, se muestra con claridad una escalada de violencia discursiva hacia periodistas y medios, impulsada desde los más altos niveles del Estado y sectores afines. La deslegitimación sistemática del periodismo dejó de ser una excepción: es parte del guion oficial.
De esta manera la narrativa de descalificación hacia el periodismo crece, se consolida y encuentra en el poder político nacional su principal usina. Aunque es importante destacar que el “efecto imitación” en otros espacios comienza a aparecer.
Según el Mapa de Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, la mayoría de los ataques a la prensa registrados en 2024 está vinculada a expresiones de hostigamiento público, seguidas por ataques a la integridad y restricciones al acceso a la información pública. En la mayoría de los casos no hubo prácticamente reacciones institucionales para observar la situación, frenar la escalada ni brindar protección. Y así se continúa el día de hoy, casi promediando el año 2025.
El dato más alarmante es que la mayoría de las agresiones proviene de funcionarios del Ejecutivo Nacional, con el presidente Javier Milei encabezando esa dinámica dirigida directamente a periodistas. La violencia digital se consolida como una herramienta de disciplinamiento simbólico y político.
Los periodistas más afectados son, en su mayoría, quienes trabajan en medios críticos, especialmente aquellos que investigan temas sensibles como corrupción, economía o derechos sociales.
Las advertencias de FOPEA sobre «el peligro» que corre la libertad de expresión
Gran parte de las agresiones fueron de tipo verbal o discursivo: desde descalificaciones públicas hasta acusaciones sin fundamento. No se trata solo de insultos: son ataques que buscan deslegitimar la función periodística y sembrar sospechas sobre su integridad. Y buena parte de esos ataques fue amplificada por redes sociales, muchas veces por cuentas anónimas o perfiles que operan como verdaderas milicias digitales alineadas con el oficialismo.
Esta dinámica configura una estrategia sistemática que tiene como objetivo erosionar el vínculo entre la ciudadanía y el periodismo profesional. Y, en muchos casos, lo logra. En un contexto donde la desinformación se viraliza más rápido que la verificación, el relato que degrada y desacredita se impone por repetición, no por veracidad.
La polarización no es un fenómeno espontáneo: es una construcción que se alimenta de enemigos funcionales, trincheras discursivas y algoritmos que premian el escándalo. La lógica de dividir para reinar no solo dinamita la conversación pública, sino que también vacía de sentido el juego democrático. En ese esquema, el periodismo no es un actor más: es un obstáculo a neutralizar.
El resultado es un ecosistema hostil donde los periodistas deben ejercer su trabajo bajo la amenaza permanente de ser blanco de ataques, linchamientos digitales o represalias institucionales; y en muchos casos expuestos a que esa violencia tenga consecuencias físicas. En varias provincias, especialmente en contextos donde el periodismo local es débil o depende casi exclusivamente de la pauta oficial, el miedo ya se instaló como variable cotidiana. Y el silencio empieza a pesar más que la voz.
Frente a este escenario, FOPEA no solo releva y denuncia. También interpela. La libertad de expresión no se defiende sola. Requiere decisión política, compromiso institucional y una sociedad dispuesta a no naturalizar el agravio como forma de debate.
¿Puede el periodismo ser una herramienta de despolarización? ¿Puede ayudar a reconstruir el tejido deliberativo dañado? La respuesta es “sí”. Pero necesita condiciones: un Estado que garantice derechos, un público que valore el periodismo responsable y medios que asuman su rol sin concesiones. Y un debate que debe darse en profundidad: la autocrítica en el ejercicio profesional y la revisión de prácticas que, lejos de ser periodísticas, son un brazo más del dañino esquema.
En tiempos de discursos que incendian, el periodismo tiene la responsabilidad de no avivar el fuego ni dejarse consumir por él. Tiene que seguir siendo punto de encuentro, trinchera ética y voz incómoda. Porque informar con honestidad no es solo una tarea profesional. Es, más que nunca, un acto de defensa democrática.
(*) Presidenta de FOPEA
