La Unión Europea quiere modernizar sus leyes para prevenir, detectar, combatir y castigar crímenes aberrantes contra menores de edad. Un verdadero desafío en la era de la inteligencia artificial.
Por Lic. Alexis Chaves (*)
Entendemos por abuso sexual infantil a cualquier conducta en la que un niño, niña o adolescente es utilizado como objeto de estimulación sexual por parte de otra persona, independientemente de que haya o no contacto físico; puede incluir manoseos, exposición a material pornográfico o coerción para realizar actos sexuales, entre otras tantas formas.
La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo abordó días atrás ciertas ideas tendientes a modificar la legislación para potenciar la habilidad de los países miembros de la Unión Europea, para luchar de manera efectiva contra los hechos aberrantes contra menores.
Tras el debate de los eurodiputados sobre las definiciones de transgresiones vinculadas al abuso sexual infantil (ASI), la propuesta aprobada intenta ajustarse y “adaptarse” a la cantidad de tecnologías emergentes, potenciando la colaboración entre las autoridades nacionales -en lo que respecta a investigaciones y procesos judiciales- y brindando asistencia y apoyo directo a las víctimas.
Entre las modificaciones, sugieren sanciones más severas para los diversos crímenes vinculados al abuso sexual infantil, incluso para casos de contratación de menores para uso en la prostitución y tenencia o distribución de material vinculado al ASI.
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Los legisladores también sugirieron erradicar los tiempos de prescripción para los delitos contemplados en la normativa vigente, dado que los datos estadísticos indicaron que la mayoría de las víctimas relatan sus vivencias mucho tiempo después de que se perpetró el crimen. Porque, como bien sabemos, puede tener consecuencias profundas y duraderas en la vida de las víctimas, y estas pueden manifestarse en distintos ámbitos y en cualquier momento.
Ante este contexto -y para ajustar las leyes de la UE ante los “avances” tecnológicos-, los parlamentarios categorizaron de manera explícita como delito el empleo de sistemas de inteligencia artificial «diseñados o modificados principalmente» para crímenes de abuso sexual a menores. Lamentablemente, IA está siendo atrozmente utilizada en la generación de contenido de abuso, lo que representa un desafío para las autoridades y organizaciones de protección infantil (según informes recientes, la capacidad de la IA para crear imágenes hiperrealistas ha dificultado la identificación de víctimas reales y ha complicado las investigaciones).
Como medidas directas y para mejorar la eficacia de las investigaciones, los eurodiputados dispusieron fomentar la opción de llevar a cabo “investigaciones encubiertas” y utilizar técnicas de supervisión (también encubiertas) como las «trampas con señuelos», ayudando a la Justicia para atrapar a las organizaciones que se encuentran detrás.
Se discutió además que la asistencia a las víctimas de edad temprana debe ser “gratuita e incluir exámenes médicos y forenses”, con apoyo financiero para registrar las pruebas y con una atención sanitaria con enfoque de género (y preparada para brindar servicios de salud sexual y reproductivos más accesibles).
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Se aspira a que esto se alinee con el Modelo Barnahus, en el que los servicios colaboran para respaldar a las víctimas: es un enfoque integral para la atención de menores víctimas de abuso cuyo objetivo primordial, es evitar la revictimización al reunir en un mismo lugar todos los servicios necesarios, como justicia, protección infantil, atención médica y apoyo psicológico directo.
Durante junio, el Parlamento discutirá y apoyará esta postura en el pleno. Luego, comenzarán las conversaciones con el Consejo para la versión definitiva de la ley.
En definitiva, Europa busca garantizar que las normativas estén al día ante el avance inexorable de las nuevas tecnologías -y sobre todo de la IA- que avasallan estos campos y que, sí o sí hay que castigar con firmeza y decisión política.
Nos queda más que claro que, en tiempos de Inteligencia Artificial, la lucha contra el abuso sexual infantil debe adaptarse a las nuevas amenazas digitales. Lamentablemente, la IA ha facilitado la producción y difusión de material ilegal, lo que exige una respuesta rápida y coordinada entre gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de protección a los menores.
(*) Politólogo y analista parlamentario
