Pese a la presión que ejercen gobiernos de distintos continentes, el régimen de Nicolás Maduro continúa sin brindar información sobre 31 presos políticos extranjeros que se encuentran bajo desaparición forzada en Venezuela. La denuncia fue realizada por la ONG CASLA Institute, en conjunto con relevamientos realizados por periodistas en Caracas, Washington, Madrid, Bogotá y Roma. Hasta el momento, la dictadura no ha dado explicaciones claras sobre el paradero de estas personas ni ha permitido el acceso a garantías judiciales.
Líderes internacionales como Donald Trump, Gustavo Petro, Javier Milei, Pedro Sánchez, Georgia Meloni y Benjamín Netanyahu reclamaron públicamente la liberación de sus ciudadanos.
Sin embargo, Maduro insiste en que se trata de una conspiración global en su contra, acelera procesos judiciales sin pruebas y niega revelar las ubicaciones de los detenidos. La lista conocida hasta hoy incluye 31 nombres, aunque no se descarta que existan más casos no documentados.
Algunos gobiernos han optado por estrategias distintas en su intento de obtener resultados. Mientras Trump desplegó una operación encubierta que permitió rescatar a cinco opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas, la primera ministra italiana Georgia Meloni ha apostado por una vía diplomática. Su gestión permitió que el italiano Alberto Trentini, capturado por la DGCIM, pudiera contactar a su familia tras estar 181 días desaparecido. Aún así, sigue sin ser liberado.
Colombia, que mantiene una relación cordial con el chavismo, enfrenta una situación delicada: es el país con más ciudadanos desaparecidos bajo el régimen venezolano. Pese a la cercanía política entre Petro y Maduro, los pedidos de liberación han sido sistemáticamente ignorados, lo que evidencia que el dictador utiliza a los extranjeros detenidos como fichas de negociación en su tablero de supervivencia internacional.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido junto a un ciudadano israelí, figura entre los más sensibles para Estados Unidos, que advirtió que tomará represalias si no hay avances concretos. La situación actual revela el uso sistemático de la detención ilegal y el silencio institucional como herramientas de control político por parte del chavismo, incluso frente a naciones con las que mantiene vínculos ideológicos. En este contexto, los derechos humanos siguen siendo moneda de cambio en una Venezuela cada vez más aislada.
