El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para deportar a los estudiantes extrajeros que participen en manifestaciones a favor de Palestina.
«A todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas yihadistas, les advertimos: en 2025, los encontraremos y los deportaremos», aseveró el líder de la Casa Blanca, que relaciona a estas personas con el yihadismo y los ha definido como «simpatizantes de Hamás».
Y agregó que dejará sin efecto «rápidamente los visados de estudiante de todos los simpatizantes de Hamas en los campus universitarios, infestados de radicalismo como nunca antes».
La normativa cuenta con «medidas adicionales» en respuesta a lo que el jefe de Estado calificó como una «ola sin precedentes de vil discriminación antisemita, vandalismo y violencia» en las universidades, situación que relaciona con los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.
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En la resolución, el republicano afirmó que los estudiantes judíos sufrieron «discriminación, intimidación, amenazas y agresiones físicas» más limitaciones para ingresar a instalaciones académicas.
En ese punto, hizo hincapié en que «los estudiantes judíos se han enfrentado a un aluvión implacable de discriminación; denegación de acceso a las áreas comunes e instalaciones del campus, incluidas las bibliotecas y las aulas; e intimidación, hostigamiento, amenazas y agresiones físicas».
Por lo tanto, Trump dejó en claro que su Gobierno pondrá en marcha «todas las herramientas legales disponibles y apropiadas para enjuiciar, eliminar o hacer rendir cuentas a los perpetradores de acoso y violencia antisemita ilegales».
Además, la disposición le solicita a las agencias gubernamentales que elaboren un informe en un plazo de 60 días a fin de «identificar a las autoridades pertinentes para combatir el antisemitismo» y que presenten un inventario de «todas las quejas administrativas pendientes contra» universidades que aleguen «violaciones de derechos civiles relacionadas con o que surgieran tras el 7 de octubre de 2023».
El mandatario también le exigió a los secretarios de Estado, de Educación y de Seguridad Nacional que agreguen en sus informes «recomendaciones para familiarizar a» las universidades con una sección de la ley de inmigración que rige los «motivos de inadmisibilidad (…) de los estudiantes y el personal extranjeros» de modo que puedan investigarlos y, si se justifica, puedan proceder a su «expulsión».
