Por Aliss Higham, de Newsweek
El anuncio del presidente Donald Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional en California para sofocar las protestas contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha generado inquietudes legales.
El sábado, por segundo día consecutivo, las operaciones federales de control migratorio provocaron protestas en California. El ICE realizó redadas en Paramount, en el condado de Los Ángeles, tras acciones similares en varios puntos de la ciudad el viernes.
El gobernador Gavin Newsom criticó la medida, afirmando que las fuerzas del orden locales ya estaban movilizadas y que la presencia de la Guardia Nacional era «intencionadamente incendiaria», que «intensificaría las tensiones» y «minaría la confianza pública».
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La decisión también ha suscitado la condena de expertos legales y académicos, como la exfiscal Joyce Vance y el profesor de derecho Erwin Chemerinsky.
El sábado, la Casa Blanca ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en virtud de una disposición denominada Título 10 para «proteger temporalmente al ICE y a otro personal del gobierno de Estados Unidos que desempeña funciones federales».
La Guardia Nacional es una fuerza militar estatal que actúa como rama de la reserva estatal y federal del Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Generalmente opera bajo el mando estatal y recibe financiación estatal. Sin embargo, en algunos casos, las tropas pueden ser asignadas a misiones federales mientras aún están bajo control estatal, con financiación proporcionada por el gobierno central.
La ley a la que se hace referencia en la proclamación de Trump permite que las tropas de la Guardia Nacional sean puestas bajo el mando federal, y lo permite bajo tres condiciones: si Estados Unidos es invadido o enfrenta la amenaza de invasión; si hay una rebelión o rebelión inminente contra la autoridad federal; o si el presidente no puede hacer cumplir las leyes federales utilizando fuerzas regulares.
El memorando de la Casa Blanca dice: «En la medida en que las protestas o los actos de violencia inhiban directamente la ejecución de las leyes, constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos».
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Sin embargo, la ley también estipula que dichas órdenes deben ser emitidas por los gobernadores de los estados. No está claro de inmediato si el presidente puede activar tropas de la Guardia Nacional sin la orden del gobernador de ese estado.
Newsweek contactó a la Casa Blanca para solicitar aclaraciones por correo electrónico fuera del horario laboral habitual.
«El despliegue de tropas federales de la Guardia Nacional por parte del presidente Trump en respuesta a las protestas es innecesario, provocador y un abuso de poder», declaró Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El gobierno de Trump no ha invocado la Ley de Insurrección, según funcionarios estadounidenses anónimos que hablaron con Reuters este fin de semana. La ley de 1807 es la principal autoridad legal que permite a un presidente desplegar el ejército o la Guardia Nacional en tiempos de rebelión o disturbios civiles.
Un memorando emitido por la Casa Blanca sobre el asunto especifica que la Guardia Nacional ha sido desplegada para «proteger temporalmente al personal del ICE y a otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos que desempeñan funciones federales, incluyendo la aplicación de la ley federal, y para proteger la propiedad federal, en lugares donde se están produciendo o es probable que se produzcan protestas contra estas funciones, según las evaluaciones de amenazas actuales y las operaciones planificadas».
Esto significa que las tropas de la Guardia Nacional no podrán ayudar a las fuerzas del orden locales; se utilizarán para proteger y brindar apoyo logístico a los agentes federales del ICE.
«No hay nada que estas tropas puedan hacer que, por ejemplo, los agentes del ICE contra los que se han dirigido estas protestas no pudieran hacer ellos mismos», escribió Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, especializado en justicia militar y derecho de seguridad nacional, en una entrada de blog.
Existe la obvia preocupación de que, incluso si no hacen más que ‘proteger’ a los agentes del ICE que desempeñan funciones federales, estas tropas federalizadas terminen usando la fuerza en respuesta a violencia real o imaginaria, o amenazas de violencia contra dichos agentes. En otras palabras, existe la posibilidad muy real de que la presencia de tropas federales sobre el terreno solo aumente el riesgo de una escalada de violencia, en lugar de disminuirlo.
Masivas protestas en Los Ángeles en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, quien decidió enviar a la Guardia Nacional para recuperar el control de las calles (Apu Gomes/GETTY, via Newsweek)
Un memorando de la Casa Blanca dice: «Recientemente se han producido numerosos incidentes de violencia y desorden, que amenazan con continuar, en respuesta a la aplicación de la ley federal por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos que desempeñan funciones federales y apoyan la correcta ejecución de las leyes federales de inmigración. Además, las protestas violentas amenazan la seguridad de los centros federales de detención de inmigrantes y otras propiedades federales, y causan daños significativos a estos».
El zar fronterizo Tom Homan en Fox News: «Ya nos estamos movilizando. Vamos a traer a la Guardia Nacional esta noche y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Se trata de hacer cumplir la ley». Continuó: «Pueblo estadounidense, se trata de hacer cumplir la ley, y, repito, no vamos a disculparnos por hacerlo».
El gobernador de California, Gavin Newsom, en X, anteriormente Twitter, tras el anuncio de la Guardia Nacional: «El gobierno federal está tomando medidas para asumir el control de la Guardia Nacional de California y desplegar 2000 soldados. Esta medida es deliberadamente incendiaria y solo intensificará las tensiones. Las autoridades de Los Ángeles pueden acceder a la asistencia policial en cualquier momento. Estamos en estrecha coordinación con la ciudad y el condado, y actualmente no hay ninguna necesidad insatisfecha». Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU: «Con esta medida, la administración Trump pone en peligro a los angelinos, generando un riesgo legal y ético para las tropas y socavando imprudentemente nuestro principio democrático fundamental de que las fuerzas armadas no deben vigilar a los civiles».
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La oficina de Newsom también declaró a Newsweek el viernes: «Las continuas y caóticas redadas federales en toda California para cumplir con una cuota arbitraria de arrestos son tan imprudentes como crueles. El caos de Donald Trump está erosionando la confianza, separando familias y socavando a los trabajadores y las industrias que impulsan la economía estadounidense».
Joyce Vance, exfiscal federal que se desempeñó como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama durante la administración de Barack Obama, escribió en X: «De ser cierto, esto es casi con certeza un conflicto con la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas para la aplicación de la ley nacional, incluida la Guardia Nacional si está federalizada».
Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, declaró a Los Angeles Times: «Se está utilizando a las fuerzas armadas a nivel nacional para frenar la disidencia. Sin duda, esto envía un mensaje sobre cómo responderá esta administración a las protestas. Es muy aterrador ver esto».
Después de que Trump anunciara el sábado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que podrían implementarse otras medidas. Hegseth escribió en X que los marines en servicio activo en Camp Pendleton, al sur de Los Ángeles, estaban en «alerta máxima» y también podrían ser movilizados «si la violencia continúa».
Publicado en cooperación con Newsweek Internacional
