En una decisión que podría marcar un antes y un después en la causa por corrupción conocida como Vialidad, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola declinaron la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria, tal como solicitó la defensa de Cristina Kirchner. En un dictamen de diez páginas, los funcionarios judiciales concluyeron que no existen razones humanitarias ni de salud que justifiquen otorgarle ese beneficio a la ex presidenta, quien fue condenada a seis años de cárcel por direccionar obra pública durante su gestión.
La declaración fiscal fue contundente: “No se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, indicaron. Según el documento, no hay elementos médicos ni personales, ni siquiera vinculados a su edad –tiene 72 años–, que permitan inferir que el encierro carcelario afectaría su dignidad. A diferencia de lo que alegó su defensa, remarcaron que la ley solo faculta, pero no obliga, a otorgar ese beneficio a mayores de 70.
Ahora, la decisión final está en manos del Tribunal Oral Federal 2, que quedó en condiciones de resolver el planteo. Se espera que lo haga en breve. En paralelo, la Fiscalía descartó los temores de seguridad alegados por la ex mandataria, incluso el intento de asesinato sufrido en 2022, al afirmar que pueden ser gestionados en alguna de las unidades penitenciarias propuestas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
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Los fiscales también hicieron referencia a antecedentes recientes, como el caso del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once, a quien se le rechazó un pedido similar por razones de edad. En ese mismo sentido, el informe socioambiental realizado a Cristina Kirchner descartó problemas de salud, lo que refuerza la posición de que debe cumplir la pena en una cárcel y no en su domicilio de la calle San José 1.111, en el barrio de Monserrat.
Luciani y Mola anticiparon además que, en caso de que el Tribunal conceda el arresto domiciliario, debería estar sujeto a estrictas medidas de control y vigilancia, entre ellas, el uso obligatorio de tobillera electrónica. Rechazaron también que sea la actual custodia de la Policía Federal la que supervise esa eventual detención, ya que consideran que esa tarea corresponde a personal penitenciario especializado.
Finalmente, los fiscales expresaron dudas sobre la idoneidad del domicilio propuesto, al estar ubicado en una zona que, en los últimos días, fue epicentro de movilizaciones militantes. Por ello, insistieron en que cualquier decisión que no implique la prisión efectiva debe estar acompañada de condiciones concretas que garanticen tanto la seguridad pública como el cumplimiento estricto de la condena.
