Una modificación en los pasaportes uruguayos, pensada para facilitar la vida de quienes antes quedaban atrapados en un limbo legal, terminó generando un conflicto diplomático inesperado. Francia y Alemania reaccionaron con dureza y Montevideo respondió con firmeza.
Todo empezó en abril, cuando Uruguay lanzó una nueva versión de su pasaporte, alineada con las normas internacionales de aviación y derechos humanos. El cambio, aplaudido por las autoridades salientes y entrantes, parecía una mejora técnica. Pero tres meses después, dos potencias europeas avisaron que no aceptarían el nuevo documento para el ingreso a sus países.
¿La razón? La nacionalidad aparece bien visible, pero el lugar de nacimiento quedó relegado a la página 4.
La reacción del gobierno fue inmediata: convocaron a los embajadores de Alemania y Francia para explicar que el cambio fue legal, legítimo y en línea con normas globales.
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La cancillería uruguaya defendió que no se trató de un capricho, sino de una decisión basada en principios de libertad de circulación y no discriminación. Sin embargo, puertas adentro, la polémica explotó: la oposición habló de “torpeza” y de “revolución de las cosas complicadas”.
Mientras tanto, se cruzan acusaciones entre ex y actuales ministros. Los que impulsaron el cambio dicen que fue mal implementado por el nuevo gobierno. Desde Cancillería aseguran que están trabajando para resolver el problema sin retroceder en derechos.
En el medio, ciudadanos uruguayos que viajaron con el nuevo pasaporte quedaron varados o con la entrada denegada. Todo por un dato… que está, pero en la página equivocada.
