La dictadura de Nicaragua conformada por el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su persecución contra la Iglesia Católica. Ahora fue un paso más allá y puso en marcha un sistema extorsivo, ¿de qué se trata?
El regimen nicaragüense, según denunció la abogada Martha Patricia Molina, obliga a las instituciones religiosas a pagar un canon mensual y sino lo hacen, las cancelan, le confiscan sus bienes y expulsan del país a sus integrantes.
«Sabemos que esto está pasando con las congregaciones religiosas, pero es bastante probable que sea una práctica común con otras organizaciones civiles que aún siguen en Nicaragua«, indicó la letrada.
En 2024, Molina elaboró un informe titulado: «Nicaragua: una Iglesia perseguida», en el que registró 971 ataques contra la Iglesia católica entre abril de 2018 y diciembre de 2024.
Precisó desde cancelaciones legales y expulsiones, hasta amenazas, confiscación de bienes y prohibiciones de actos religiosos.
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En cuanto a los inmuebles confiscados, la mayoría de las veces son ocupados por el Estado o entregados a agrupaciones oficialistas sin ningún proceso legal que avale el traspaso de esa propiedad.
De esta manera, se viola el derecho a la propiedad privada y a la libertad religiosa, ambos protegidos por la Constitución de Nicaragua y por tratados internacionales.
