Los defensores de Derechos Humanos se han visto obligados a irse de Venezuela, ya que, el exilio es la última manera que encontraron para escapar de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro y poder sobrevivir.
Así lo documenta el informe elaborado por la red de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, titulado: «Venezuela: Defender DDHH, entre la represión y el exilio (2020–2025)», que registró un aumento en la cantidad de activistas, periodistas, sindicalistas y líderes comunitarios que tuvieron que dejar la nación caribeña, sobre todo después del aumento de la violencia que se dio tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El estudio precisó que 69 defensores de derechos humanos abandonaron el país de manera obigada entre 2020 y octubre de 2025 y de ese número, 43 migraron únicamente en los dos últimos años, y ocho de estos en lo que transcurrió de este año.
«El exilio forzado no constituye una salida voluntaria, sino la última estrategia de supervivencia frente a la falta de garantías y la impunidad estructural», asevera el texto.
Y aclara que las situaciones que atravesaron quienes dejaron la nación no constituyen hechos aislados, sino que «son parte de un patrón sistemático de represión que combina mecanismos de vigilancia digital e intrusiva, hostigamiento físico y psicológico, criminalización mediante procesos arbitrarios, amenazas directas e indirectas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización pública y represalias contra familiares y entornos organizativos».
No obstante, el informe hace hincapié en que los exiliados están expuestos a la violencia en los países en los que se han radicado, algo que quedó demostrado con el ataque al analista político Luis Peche y al activista de la comunidad Lgbti Yendri Velásquez, a quienes tres sujetos, que aun no indentificaron, les dispararon en Bogotá, la capital de Colombia.
La organización a cargo del estudio enfatiza que la migración de activistas es consecuencia de una estrategia que lleva a cabo la dictadura chavista con el objetivo de «desarticular la sociedad civil y eliminar las voces críticas que aún resisten dentro del país».
En ese punto, mencionaron la Ley de Fiscalización y Financiamiento de ONG, aprobada en el 2024, la cual «ha criminalizado el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y ha convertido la defensa de derechos en un acto de riesgo extremo».
LOS TESTIMONIOS DE LOS EXILIADOS
Una de las personas que dio su testimonio para el informe, contó: «Salí de madrugada, sin avisar a nadie. No me sentía a salvo en ningún sitio. Defender derechos se volvió una sentencia de miedo».
Y agregó: «Noté que un machito negro se paraba afuera de mi casa. Luego vi a estas personas a las afueras de la xxxx de mi XXXX (…), y nos tomaron fotografías y se fueron». «Este patrón de vigilancia se repitió durante varios días», indicó otro activista.
A varios individuos les bloquearon la cuenta bancaria durante la campaña presidencial: «Recibí información que mi cuenta estaba bloqueada, debido a que estaba en investigación (…) se me acusaba de terrorista y que me estaban investigando por un supuesto blanqueo de capitales», dijo otra de las personas que se vio obligada a irse de Venezuela.
CUÁL ES EL PRINCIPAL PAÍS AL QUE VAN LOS EXILIADOS
Colombia es el principal país al cual llegan los venezolanos, pero el informe remarca que la mayoría de los defensores no logra contar con los mecanismos de protección en esa nación.
«La irregularidad migratoria y la falta de reconocimiento de la persecución política dejan a estas personas en un limbo jurídico», advierte el texto.
En lo que refiere a la situación de los venezolanos, Acnur-Colombia detalla: «A principios de 2025, Colombia ha registrado un total de 75.000 solicitudes de asilo, de las cuales al menos 29.305 están pendientes».
Según los datos del informe, el plazo medio de tramitación de las solicitudes de asilo es entre tres y cuatro años aproximadamente. Mientras su solicitud está pendiente, los solicitantes de asilo no pueden tener un trabajo ni participar en actividades económicas formales y legales. Algunos luego de una extensa espera, deben declinar su petición.
