La Fiscalía de Bolivia lanzó una nueva ofensiva judicial contra Evo Morales, esta vez por su supuesto rol en la organización de protestas y bloqueos carreteros impulsados por sus seguidores. La acusación, presentada por el gobierno de Luis Arce, incluye cargos como instigación pública a delinquir y se enmarca en una creciente tensión política por la inhabilitación del exmandatario para postularse en las elecciones de agosto. Según el fiscal general Roger Mariaca, ya se inició formalmente la investigación, aunque no se precisaron todos los delitos admitidos.
El caso se disparó tras la difusión de un audio en el que se escucha una voz, atribuida a Morales, ordenando “cercar La Paz” y ejecutar una “batalla final”. El entorno del líder cocalero negó la autenticidad de la grabación y denunció una operación de inteligencia artificial orquestada por el oficialismo.
En paralelo, Suset Rodríguez, dirigente cocalera cercana a Morales, también quedó bajo la lupa por supuestamente alentar la toma de domicilios de funcionarios ligados a la administración de Arce.
“Sin Evo no hay elecciones”: bloqueos, escasez y tensión en Bolivia
Este nuevo proceso judicial se suma a otra causa aún más delicada: la que acusa a Morales de trata de personas y abuso sexual contra una menor de edad, a la que habría embarazado durante su presidencia. En ese expediente ya pesa una orden de captura, aunque el exmandatario permanece refugiado en Cochabamba, rodeado por simpatizantes que impiden su detención. El delito de terrorismo, uno de los cargos más graves en su contra, podría costarle hasta 20 años de prisión.
En paralelo, las tensiones en las rutas crecen. Bolivia entró esta semana en su segunda etapa de bloqueos, especialmente concentrados en Cochabamba, bastión político de Morales. Los cortes de ruta, organizados en protesta por su inhabilitación electoral, son acompañados por amenazas hacia los jueces del Tribunal Supremo Electoral, a quienes los manifestantes exigen revertir el fallo que impide al exmandatario presentarse a un cuarto mandato.
El trasfondo legal es claro: la justicia boliviana ratificó que nadie puede ejercer la presidencia más de dos veces, ya sean mandatos consecutivos o alternados. Morales gobernó durante tres períodos entre 2006 y 2019. Sus seguidores sostienen que el fallo es arbitrario, y sus protestas se cruzan con otras movilizaciones que reclaman respuestas frente a la crisis económica, la escalada inflacionaria y la escasez de combustibles que afecta a diversas regiones del país.
La capital no es ajena al malestar. En La Paz, miles de personas salieron a la calle este lunes en tres marchas simultáneas. Participaron gremios de comerciantes, sindicatos médicos y organizaciones campesinas. Todos reclamaron medidas urgentes frente al desabastecimiento de diésel y gasolina, así como la creciente brecha cambiaria en el mercado paralelo. La presión social crece al ritmo del descontento económico, mientras el conflicto entre Arce y Morales escala hacia un punto crítico.
