El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a 27 personas por su presunto vínculo con la banda criminal Tren de Aragua, por una serie de graves delitos con los que podrían enfrentar condenas de prisión perpetua.
En el marco de la dura política antiinmigración de Donald Trump, los acusados afrontan cargos por delitos graves relacionados con crimen organizado, tráfico sexual, narcotráfico, robo y delitos con armas de fuego.
Según informaron en un comunicado, de los acusados 21 se encuentran bajo custodia federal, incluyendo 16 que ya estaban en dicha condición y otros 5 que fueron arrestados recientemente en Nueva York y otras jurisdicciones.
“Hoy hemos presentado cargos contra 27 presuntos miembros, exmiembros y asociados del Tren de Aragua por cometer asesinatos y tiroteos, obligar a mujeres jóvenes venezolanas traficadas a la prostitución, robar y extorsionar a pequeños negocios y vender ‘tusi’, una droga rosa en polvo que se ha convertido en su seña de identidad”, explicó el fiscal federal interino del el Distrito Sur de Nueva York, Matthew Podolsky.
“Las acusaciones formales de hoy dejan claro que esta Oficina trabajará incansablemente para garantizar la seguridad de los residentes respetuosos de la ley de la ciudad de Nueva York y exigir responsabilidades a quienes generan violencia en nuestras calles”, agregó.
Por su parte, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, resaltó que “las acusaciones y arrestos de hoy abarcan tres estados y devastarán la infraestructura del Tren de Aragua mientras trabajamos para desmantelar y expulsar completamente a esta organización de nuestro país”.
¿EEUU está forzando a deportados venezolanos a autoincriminarse como miembros del “Tren de Aragua”?
Los 27 imputados serán juzgados y de ser condenados, recibirán penas que en la mayoría de los casos oscilan entre los 15 años y la prisión perpetua.
En los últimos meses, la nueva administración estadounidense impulsó la deportación a El Salvador de los migrantes acusados de formar parte de esta temida organización, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a que en algunos casos apuntan que no hay pruebas sobre los imputados.