El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró al menos 212 acciones represivas durante el mes de septiembre contra los ciudadanos de la isla. De ese número, 39 fueron detenciones arbitrarias.
El informe, precisó que «desde enero, ya son 2.462 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba«.
Y remarcó que «de estas, 461 fueron detenciones arbitrarias».
Advirtió que «en septiembre, el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y en la manifestación pacífica».
🇨🇺‼️| URGENTE: Se comienzan a reportar protestas en algunos barrios de La Habana, Cuba.
Ya son varios días consecutivos, parece poco a poco estar gestándose algo más grande. En multiples zonas solo tienen UNA HORA de electricidad AL DÍA.
Demencial.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 8, 2025
En relación al mes anterior, el estudio indicó que la mayoría de las detenciones arbitrarias de corta duración, que en total fueron 27, estuvieron vinculadas con la protesta pacífica que se llevó a cabo en Gibara, Holguín, el 13 de septiembre, cuando los vecinos salieron a las calles para reclamar: «¡Corriente y comida!» y dejar en claro que «¡El pueblo unido jamás será vencido!» mientras gritaban «¡Libertad, libertad!».
La organización aseguró que «ha sido un mes negro para la libertad de expresión debido a las condenas y juicios» y afirmó que «el régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones».
Las principales violaciones, acorde con el reporte, han sido: sitios de viviendas de activistas, juicios sin garantías, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas. Se contabilizaron 38 denuncias efectuadas por presos políticos, reclusos comunes y sus familiares.
La Habana, Holguín y Granma fueron las provincias donde la dictadura de Miguel Díaz Canel llevó la mayor cantidad de acciones represivas.
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«Hemos conocido la sentencia contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, a quienes condenaron a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, por ‘propaganda contra el orden constitucional’ y ‘otros actos contra la seguridad del Estado'», recordó el Observatorio
Y agregó: «Por ‘propaganda contra el orden constitucional’ a Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años) y a Cristhian de Jesús Peña Aguilera (cuatro años)».
«Todo por compartir en las redes sociales la convocatoria a una manifestación pacífica que de hecho no se realizó», subrayó.
Otro caso es el de Julio César Duque de Estrada Ferrer, un hombre de 56 años, que el 5 de septiembre de 2024 se encontraba filmando con su teléfono celular una fila de personas que estaban esperando para comprar gas licuado en Santiago de Cuba cuando el oficial operativo de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés le ordenó que dejará de grabar y guardara su celular.
⚠️⚠️Buenos día #Cuba… los habaneros desafían a Díaz Canel y salieron a protestar de forma masiva en Marianao.
Imágenes de la manifestación ayer a pocos días de la amenaza televisada del dictador.
Está gente ya probó la libertad y de eso no se regresa. pic.twitter.com/KOJbvVvkfi
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) October 8, 2025
El hombre no quiso entregar su documento de identidad y es por eso, que el militar lo llevó por la fuerza hasta un mercado y ahí Julio le dió la documentación. Acorde con el agente, se produjo un forcejeo y el hombre lo golpeó «sin ulteriores consecuencias», tiró su teléfono al piso y es por eso, que el agente debió efectuar una maniobra de neutralización.
Julio fue sentenciado a cuatro años y seis meses tras las rejas por «desobediencia» y «atentado», únicamente por estar filmando una fila de personas.
«Es una costumbre que estos agentes intervengan con represión violenta y después se hagan las víctimas«, aseveró el OCDH e hizo hincapié en dos cuestiones: la utilización desproporcionada de la fuerza y la actuación del oficial, la cual no tenía sustento legal, ya que «las fuerzas militares no deben ser utilizadas para tareas de seguridad pública que corresponden a la policía civil, a menos que existan circunstancias excepcionales y claramente definidas».
A su vez, en Bayamo, el Tribunal Municipal colocó sanciones a 15 individuos por haberse sumado a las protestas del 17 de marzo del año pasado. Les impuso entre tres y nueve años de prisión por los presuntos delitos de «desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir».
El mes pasado, se llevó a cabo el juicio contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, injustamente detenido desde noviembre de 2024.
Cuba duele: el 89% vive en la extrema pobreza y 7 de cada 10 tuvieron que saltearse alguna comida
