El Parlamento de Italia dio un nuevo paso para aprobar el decreto-ley que establece limitaciones a la ciudadanía italiana, que afectará a miles de descendientes en todo el mundo.
Este jueves, el Senado dio el visto bueno al proyecto del Gobierno de Giorgia Meloni con 81 votos a favor y 37 en contra, y espera ser convalidado también en Diputados para quedar firme.
Si bien el decreto-ley está en vigor desde el 28 de marzo, cuando Meloni lo firmó, debe contar con la aprobación del Parlamento en 60 días para ser definitivo.
«Este resultado es muy importante porque la medida pretende devolver la dignidad y el sentido a un derecho que debe estar basado en un vínculo verdadero con Italia, no solo burocrático sino también cultural», expresó el canciller italiano, Antonio Tajani.
Para el funcionario “la ciudadanía debe ser un reconocimiento serio y consciente, que se confirma mediante el compromiso”. “Esta reforma no excluye, sino que responsabiliza. Propone criterios más selectivos y transparentes, capaces de fortalecer la integridad de nuestro sistema y prevenir abusos», expresó.
En ese sentido, el canciller italiano explicó que con los cambios que introduce este decreto-ley “ya no habrá reconocimientos automáticos para las personas nacidas en el extranjero que no tengan al menos un progenitor o abuelo con ciudadanía exclusivamente italiana”.
Durante los últimos años, especialmente tras la pandemia, miles de personas en todo el mundo han realizado el trámite para reclamar la ciudadanía italiana, lo que llevó a un fuerte aumento de ciudadanos extranjeros con este beneficio.
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Según cifras oficiales, en la última década los italianos en el extranjero pasaron de 4,6 millones a 6,4 millones, lo que representa una suba del 40%. Sudamérica es una de las regiones donde más se ha notado este fenómeno.
Con este proyecto, se establece un límite generacional para transmitir la ciudadanía el cual sólo daba derecho a quienes tienen padres o abuelos nacidos en Italia, aunque luego una enmienda retiró la condición de su lugar de nacimiento.
Además, impone que los italianos en el exterior deberán mantener un vínculo con el país, obligando a ejercer deberes como participar en elecciones o cumplir con otros requerimientos.
Por otro lado, quita poder a los consulados, los cuales en los últimos años han tenido inconvenientes por la cantidad de expedientes que se abrieron. Ahora, la solicitud debe presentarse directamente ante el Ministerio de Exteriores.
