Estados Unidos impuso hoy sanciones financieras a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba y a sus más altas autoridades por «reprimir las protestas pacíficas y prodemocráticas» que se registraron en la isla el domingo 11 de julio, mientras busca la forma de facilitar el acceso a internet del pueblo cubano para que “tenga derecho a la información”, en una nueva ofensiva que fue repudiada desde La Habana.
Esta es la segunda tanda de sanciones que Estados Unidos -que mantiene un bloqueo comercial hace más de medio siglo que hoy complica el ingreso de suministros básicos para la lucha contra la pandemia- impone a funcionarios cubanos después de las protestas y las cientos de detenciones de manifestantes.
Más aún, lejos de las especulaciones sobre si volvería a una política similar a la de Barack Obama, con cierto acercamiento, el presidente Joe Biden prometió más sanciones si no visualiza “cambios drásticos” en la isla.
«Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba, que no anticipo», dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca.
Y después, en una reunión con referentes cubano-estadounidenses, reveló que ordenó a los departamentos del Tesoro y de Estado que le informen en un mes sobre cómo permitir a los estadounidenses enviar remesas a los cubanos, consignó el sitio Euronews, algo que su antecesor, Donald Trump, limitó mucho.
El mandatario recibió en la Casa Blanca a Felice Gorordo, presidente ejecutivo de eMerge Americas y cofundador de Roots of Hope; Yotuel Romero, autor de “Patria y Vida”, la canción que se volvió un himno para los manifestantes; Ana Sofía Peláez, fundadora del Miami Freedom Project; y al exalcalde de Miami Manny Díaz.
Un rato antes, el Departamento del Tesoro estadounidense había informado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó todas las propiedades e intereses de la PNR, de su director, Oscar Callejas, y de su subdirector, Eddy Sierra.
Las medidas fueron adoptadas en virtud de la Ley Global Magnitsky, que permite a Estados Unidos castigar a quienes hayan cometido abusos de los derechos humanos o actos de corrupción en otros países, reportó la agencia de noticias AFP.
Washington ya había sancionado al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como “avispas negras” o “boinas negras”.
«Las acciones de hoy sirven para responsabilizar aún más a los responsables de reprimir el llamamiento del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos», argumentó la directora de la OFAC, Andrea Gacki.
El Departamento del Tesoro, añadió, «seguirá designando y llamando por su nombre a quienes facilitan la participación del régimen cubano en graves abusos”, en este caso, por las «acciones de represión de las protestas pacíficas y prodemocráticas en Cuba».
El Tesoro reseñó que las medidas anunciadas hoy son parte de un programa más amplio de sanciones contra Cuba, el «más completo administrado por la OFAC», aunque matizó con que se harán «excepciones para garantizar que se permitan ciertas actividades económicas que beneficien directamente al pueblo cubano».
«La OFAC administra un embargo económico a Cuba que prohíbe a las personas estadounidenses -y a las entidades de propiedad o controladas por personas estadounidenses- realizar transacciones y proporcionar servicios que puedan sustentar el régimen cubano», subrayó, para defender el embargo que la gran mayoría de los países del mundo hace años rechazan en la Asamblea Nacional de la ONU.
El 11 de julio hubo masivas protestas en varias ciudades de Cuba, con demandas que fueron desde mayor libertad hasta alimentos, medicamentos y electricidad, y el Gobierno las denunció como orquestadas desde el exterior.
La isla atraviesa un severo momento socio-económico, no solo por los efectos del bloqueo que sufre hace más de 60 años, sino también porque la pandemia de coronavirus redujo casi a cero los ingresos en materia de turismo, claves para su economía, junto con las remesas desde el exterior, limitadas en los últimos años por Trump.
Aún antes de que se conocieran las nuevas sanciones, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, había remarcado que “no existe razón alguna para mantener políticas de Guerra Fría contra Cuba”.
“No existen excusas para aplicar medidas coercitivas de asfixia económica contra nuestro pueblo en medio de la pandemia. No existe justificación para mantener el bloqueo”, insistió el diplomático en su cuenta de la red Twitter.
Hoy, fue el primer funcionario de primer nivel de la isla que condenó las nuevas sanciones estadounidenses.
Las manifestaciones también pusieron en debate el desarrollo de internet en la isla, porque hubo entre tres y cuatro días con conexiones cortadas.
El pasado martes 20 el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, había adelantado que Estados Unidos preveía aumentar el personal en su embajada de La Habana para garantizar un mejor compromiso con Cuba y tornar más accesible internet para su población, pero al mismo tiempo planeaba más sanciones por las protestas antigubernamentales.
Hoy se informó que está actualmente en conversaciones con empresas del sector privado para proporcionar internet al pueblo cubano y eludir a los censores, según la explicación que brindó un funcionario de cargo alto del Gobierno que habló bajo condición de anonimato, según reveló la agencia de noticias Sputnik.
«Estamos en conversaciones con proveedores del sector privado sobre la posibilidad de brindar comunicaciones inalámbricas LTE al pueblo cubano, lo cual consideramos un derecho para incluir todas las opciones, pero también buscando otras formas de asegurar que el pueblo cubano tenga derecho a la información, el derecho a comunicarse entre sí y la comunidad internacional realmente pueda ver los abusos que se están produciendo», señaló el funcionario.
