En una carta dirigida al Congreso, Joe Biden garantizó que su gobierno no permitirá que “ningún dólar más del contribuyente estadounidense sea desviado para construir un muro fronterizo”. Con esta acción derogó la emergencia nacional en la frontera del país con México y revierte la medida del expresidente Donald Trump, que buscaba fondos para construir el muro.
En 2019, el gobierno de Trump declaró una emergencia nacional a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos; esto ayudó a invocar poderes de emergencia y obtener más fondos para la construcción del muro fronterizo. La declaratoria de emergencia estaba vigente hasta 2020. En febrero pasado, Donald Trump anunció que la declaratoria se extendía un año más con vigencia del 15 de febrero de 2021.
Biden escribió en la carta: “Informo que he emitido una proclamación que pone fin a la emergencia nacional declarada por primera vez en la Proclamación 9844 del 15 de febrero de 2019”.
En 2019, el gobierno de Trump declaró una emergencia nacional a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos; esto ayudó a invocar poderes de emergencia y obtener más fondos para la construcción del muro fronterizo.
Hasta ahora, el precio del muro fronterizo de Trump costó a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares más que su precio inicial. De acuerdo con la información publicada por el portal ProPublica en conjunto con The Texas Tribune, una revisión de los gastos federales del país reveló que los contratos para construir el muro triplicaron su costo desde fines de 2017. Además, los contratos fueron otorgados sin haber realizado licitación alguna para conseguir precios bajos en los costos de construcción. Según lo reportado, el dinero que hasta ahora financió el proyecto proviene de fondos militares antinarcóticos.
En septiembre, a pocos meses de que se construyera la sección de cinco kilómetros del muro fronterizo a lo largo de la ribera del río Bravo, nuevos informes de ingeniería alertaron que el proyecto está en riesgo de colapsar.
El muro, encargado al sector privado, empezó a construirse el fin de semana del Día de los Caídos en 2019. En diciembre, las operaciones se detuvieron por órdenes de un juez del condado de Hidalgo, después de que el Centro Nacional de la Mariposa argumentó que el proyecto crearía riesgos de inundación.
A principios de enero de 2020, un juez federal le permitió a Fisher Sand and Gravel, domiciliada en Dakota del Norte, que continuara la construcción.
Publicado en cooperación con Newsweek México / Published in cooperation with Newsweek Mexico
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