El gobierno de Donald Trump presentó una controvertida iniciativa destinada a incentivar la autodeportación de migrantes indocumentados, mediante un pago de 1.000 dólares para quienes decidan regresar voluntariamente a sus países. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes utilicen la app CBP Home para comunicar su intención de irse no serán considerados prioridad para ser arrestados ni deportados forzosamente por ICE, lo que les ofrecería una salida “digna” y menos traumática del país.
Esta estrategia también apunta a un fuerte recorte del gasto estatal. Según estimaciones del propio DHS, el programa permitiría ahorrar hasta un 70% en comparación con los costos tradicionales de captura, detención y expulsión, que rondan los 17.000 dólares por persona.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, subrayó que además del incentivo monetario, se cubrirían gastos de traslado y destacó que esta vía resulta más segura tanto para los migrantes como para los agentes.
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El plan también representa un giro en el uso de la aplicación CBP Home, que durante la presidencia de Joe Biden —cuando aún se llamaba CBP One— permitió la entrada legal de más de 900.000 personas, habilitándoles el acceso al trabajo y la programación de citas en cruces fronterizos. Sin embargo, Trump suspendió su funcionamiento en enero, cancelando citas previas y exigiendo la salida inmediata de quienes ingresaron bajo esa modalidad.
A partir de abril, comenzaron a enviarse mensajes de expulsión inmediata a migrantes que entraron legalmente bajo el sistema CBP One. Organizaciones como Al Otro Lado confirmaron que muchas de estas notificaciones fueron recibidas por personas de Honduras, El Salvador y México, generando incertidumbre entre familias que habían recibido permisos temporales para permanecer en EE.UU. y ahora enfrentan órdenes de salida sin opción a prórroga.
Desde el DHS se insiste en que esta política responde a una “promesa cumplida” de la administración Trump de reforzar las fronteras y proteger la seguridad nacional.
La medida, aunque polémica, redefine el enfoque migratorio republicano: menos detenciones costosas, más retornos voluntarios incentivados, y el fin del uso de herramientas de acceso legal promovidas por el anterior gobierno.
